Santa Coloma aprueba la ZBE con dos años sin multas para los vehículos residentes

El equipo de gobierno llevará al Pleno municipal que se celebra este 18 de diciembre la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio, incorporando un periodo transitorio de dos años durante el cual no se aplicará el régimen sancionador a los vehículos de los residentes de Santa Coloma de Gramenet.

Esta decisión responde a criterios de proporcionalidad, equidad social y transición justa, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica del municipio, caracterizado por una elevada densidad urbana, una renta familiar disponible por debajo de la media catalana y una fuerte dependencia del vehículo privado en determinados barrios y para determinados desplazamientos vinculados a la actividad laboral. La alcaldesa, Mireia González, afirma que “cumplimos con la aplicación de la norma, pero sin poner en peligro la economía de algunas familias. El 98% de los vehículos que circulan en la ciudad ya disponen de distintivo, pero queremos dar apoyo a aquellos que no lo tienen. Por eso, además de este periodo transitorio pondremos a disposición de los interesados un punto de información”.

Durante este periodo transitorio, la ZBE funcionará con un carácter informativo y pedagógico para los residentes, con el objetivo de facilitar una adaptación progresiva a los nuevos criterios de acceso y circulación. Paralelamente, el Ayuntamiento continuará impulsando medidas complementarias que permitan avanzar hacia una movilidad más sostenible, especialmente en lo que se refiere a la mejora del transporte público y al acompañamiento de los colectivos con más dificultades de adaptación.

Durante el mes de enero se pondrá en marcha un punto de información a la ciudadanía, que ofrecerá atención personalizada para resolver dudas, informar sobre el funcionamiento de la ZBE, las autorizaciones previstas y las medidas de apoyo existentes. Este espacio quiere reforzar la proximidad con la ciudadanía y garantizar que todas las personas dispongan de la información necesaria antes de la aplicación plena de la medida.

El periodo transitorio aprobado se suma a las medidas sociales ya previstas en la ordenanza, como las autorizaciones específicas para colectivos vulnerables, unidades familiares con bajos ingresos o personas trabajadoras con una elevada dependencia del vehículo privado, especialmente aquellas cercanas a la edad de jubilación.

El Ayuntamiento subraya que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones es una obligación legal y una necesidad ambiental y de salud pública, pero defiende que este proceso debe llevarse a cabo poniendo a las personas en el centro, evitando impactos sociales inmediatos y garantizando una transición justa.

Con esta decisión, el consistorio reafirma su compromiso con un modelo de ciudad más saludable, sostenible y socialmente cohesionada, basado en la progresividad, el diálogo y el acompañamiento a la ciudadanía en el camino hacia la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire.