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El Ministerio del Interior ha autorizado la desafectación de la antigua cuartel de la Guardia Civil de Sabadell y su restitución al Ayuntamiento sin ningún coste. Con esta decisión se da por cerrado un conflicto que se arrastraba desde hace veinte años, después del acuerdo que suscribieron el exalcalde Manuel Bustos y el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba para la cesión del inmueble a cambio de una compensación económica.
Aquel convenio abrió una larga sucesión de idas y venidas a los tribunales que han mantenido bloqueados, durante más de dos décadas, 9.200 metros cuadrados de suelo público.
La Generalitat recibirá los terrenos este viernes
En una reunión bilateral entre el Ayuntamiento y el Govern, prevista para este mismo viernes, los terrenos se pondrán a disposición de la Generalitat. El objetivo es activar todos los trámites necesarios para poner en marcha el proyecto de ampliación de las consultas externas del Hospital Parc Taulí.
Un cuartel construido en 1911 y cerrado en 1998
El edificio fue levantado en 1911 con fondos municipales y la Guardia Civil mantuvo la actividad hasta 1998. Desde entonces, la ciudad ha defendido la recuperación de este espacio para darle usos sanitarios. En 2006, el convenio firmado por Bustos y Rubalcaba establecía que el Ayuntamiento podría recuperar el cuartel a cambio de una cesión de terrenos y de 3 millones de euros.
Sin embargo, aquel acuerdo no se ejecutó nunca. Cuando el PSC perdió el gobierno de la ciudad, el cuatripartito integrado por ERC, Crida, Unitat pel Canvi y Guanyem intentó, en 2018, declarar nulo el acuerdo. Después de varios recursos y contra recursos, la justicia acabó avalando la posición del Estado.
Salvador Illa: “Es un asunto que se había encallado mal”
“Es un asunto que se había encallado mal”, se ha lamentado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el anuncio sobre el cuartel. Illa, al igual que la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, y el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, ha coincidido en remarcar que judicializar la política nunca es una buena estrategia.
Farrés ha celebrado que el nuevo acuerdo deje atrás el antiguo convenio y permita devolver la titularidad del espacio al consistorio a coste cero. “El cuartel es de la ciudad sin el peligro de volver a los juzgados y que quede parado de nuevo”, se ha felicitado Farrés.
Marta Farrés celebra que el edificio pueda tener ahora nuevos usos
La alcaldesa ha defendido que, más allá del debate patrimonial, el edificio pueda tener ahora nuevos usos para la ciudadanía después de “demasiados años vacío y degradado”. Durante este periodo, el recinto había sido ocupado en diversas ocasiones. El último desalojo se produjo hace un año, después de que se detectara una treintena de personas viviendo allí.
Según Farrés, se trata de más de 9.200 metros cuadrados “desaprovechados” en una ubicación inmejorable para responder a las “necesidades de crecimiento” del Hospital Parc Taulí. Ahora, el complejo sanitario puede empezar a planificar unas nuevas consultas externas al otro lado de la Gran Via de Sabadell.
Una vez el cuartel ya es del Ayuntamiento, el siguiente paso será ceder su uso a la Generalitat para que el Departamento de Salud pueda empezar a trabajar en el proyecto de ampliación del hospital. Según ha avanzado Illa, este trámite se hará también este viernes, en el encuentro bilateral entre el Ayuntamiento y el Govern.
Illa ha advertido que esto no quiere decir que las obras comiencen de manera inmediata, pero sí que se activará todo el proceso administrativo para hacer posible esta ampliación “en los próximos años”, con la “seguridad” de que los terrenos ya están disponibles.
Prieto pide dar salida a otros equipamientos en desuso
El caso de Sabadell no es el único expediente que el gobierno del Estado tiene sobre la mesa, según ha admitido el mismo Carlos Prieto. Para el delegado, el ejemplo de la ciudad debería servir para acelerar otras tramitaciones y para “dar un futuro” a más equipamientos estatales que hoy se encuentran fuera de uso.
Prieto ha defendido que las necesidades y las competencias han cambiado y que “no tiene sentido” que continúen existiendo espacios públicos vacíos ni que el Estado “aglutine” propiedades sin destinarlas a usos que reviertan en beneficio de la ciudadanía.
