La Audiencia de Barcelona ha ordenado embargar las posibles cantidades económicas que cobren los exguardias urbanos de Barcelona Rosa Peral y Albert López por la producción de series de ficción o documentales sobre el llamado 'crimen de la Guardia Urbana'. El abogado de la víctima del crimen, Pedro Rodríguez, presentó la solicitud hace unos días y la Audiencia la ha aceptado.
El tribunal recuerda que Peral y López fueron condenados a 25 y 20 años de prisión, pero también a pagar una indemnización de 885.000 euros a la familia de Rodríguez. Mientras López tiene su piso embargado, Peral solo ha pagado 1.175 euros.
El abogado de la acusación recuerda que Peral cambió el nombre del 50% de la propiedad que tenía de la casa de Vilanova i la Geltrú donde se cometió el crimen, la cual pasó a manos de su padre. De esta manera, ella se declaró insolvente a la hora de pagar su parte de la indemnización. La familia de Rodríguez denunció a Peral por alzamiento de bienes con una querella que está pendiente de ser admitida a trámite.
Después de que el viernes se estrenara ‘El cuerpo en llamas’ bajo una gran expectación mediática, el letrado apunta que los dos condenados podrían reclamar a Netflix una compensación económica por el uso de sus nombres y apellidos, así como denunciar a la productora por vulneración del derecho al honor. Al mismo tiempo, quiere aclarar si Peral ha cobrado por haber concedido las entrevistas que articulan el documental ‘Las cintas de Rosa Peral’, también estrenado el viernes en la misma plataforma de ‘streaming’.
La defensa de la condenada había pedido a la justicia que detuviera cautelarmente la publicación de la serie. Primero lo solicitó a un juzgado de Barcelona, que lo desestimó y apuntó que el caso era competencia del juzgado de Vilanova i la Geltrú que había investigado el crimen. La defensa de Peral se dirigió a este magistrado para detener el estreno de la serie, pero este lo tumbó porque no se había depositado ninguna fianza.
Por todo ello, la Audiencia ha ordenado a las productoras de la serie y el documental que remitan a la cuenta bancaria judicial el dinero que tendrían que pagar a los dos condenados y que comuniquen si ya han pagado alguna cantidad.