Sant Andreu de la Barca es uno de los municipios incluidos en la zona con medidas para moderar el precio de los alquileres de viviendas del Área Metropolitana de Barcelona.
La declaración como área con mercado de vivienda tenso permite seguir aplicando mecanismos de moderación del precio de los alquileres.
En mayo de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca instó al AMB a declarar la ciudad como área con mercado de vivienda tenso para que se pudieran aplicar los mecanismos de contención y moderación de los alquileres a las viviendas que se arriendan en la ciudad.
En los municipios con mercado de vivienda tenso, la ley fija el precio de los nuevos contratos de viviendas habituales mediante la aplicación de un índice de referencia.
De este modo, se contiene el precio de los alquileres y se favorece el acceso a una vivienda.
La declaración de un área de vivienda tensa deriva de la Ley 11/2020 aprobada por el Parlamento de Cataluña el 18 de septiembre, que establece una serie de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda.
El objetivo de esta Ley es regular la contención y moderación de rentas en estos contratos de alquiler para evitar el incremento de precio de los pisos y desinflar los precios abusivos que deben pagar los inquilinos.
La ley determina que los propietarios de viviendas hagan pagar como renta de alquiler el precio determinado por el índice de referencia de precios de alquiler.
En caso de que el propietario no lo cumpla, el régimen sancionador vehiculado a través de la Ley 18/2007 puede llegar a imponer multas de hasta 90.000 euros.
Esta declaración regula 4 aspectos concretos: ámbito, duración, reducción del índice de referencia de los precios de alquiler y la posibilidad de excluir las viviendas de más de 150 m2.
La declaración de vivienda tensa es posible si se cumple una de estas tres condiciones: que el área en cuestión experimente un crecimiento sostenido superior al de la media de toda Cataluña, que el precio del alquiler supere el 30% de los ingresos habituales de los hogares o de la renta media de las personas menores de 35 años o que el precio de la vivienda haya crecido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.