El Ayuntamiento de Premià de Dalt (Maresme) ante la situación de emergencia social que se está viviendo debido a la ocupación ilegal y descontrolada de propiedades privadas ha decidido dar un paso adelante y contratar a la empresa Desokupa. El coste de la contratación de sus servicios es de 3.000 euros, en materia de asesoramiento e intermediación para la recuperación de la posesión de los bienes inmuebles ocupados de forma mafiosa y delincuencial. Unos hechos que siempre generan un problema de seguridad a la población.
La empresa Desokupa, famosa por su gran efectividad para acabar con este tipo de hurtos delictivos, ofrece un método alternativo que tiene por objeto la resolución amistosa de la controversia existente y evitar, en la medida de lo posible, un procedimiento judicial para la recuperación de la posesión de la vivienda por parte de la propiedad. Como explica el alcalde, Josep Triadó, “en Premià de Dalt queremos tolerancia cero con las ocupaciones mafiosas que conllevan poner en peligro el bienestar y la convivencia en nuestro pueblo, ya que generan inseguridad ciudadana”.
Parece ser pues que ante la inacción del gobierno español, los alcaldes de los municipios empiezan a dar pasos adelante para acabar con la delincuencia organizada que pone en riesgo algo tan preciado como una vivienda.
