El calendario político tiene fechas que funcionan como un espejo una vez se superan, y hoy cruzamos una definitiva. Falta exactamente un año para que Sant Feliu de Llobregat vuelva a votar en unas elecciones municipales. Desde que en mayo de 2023 las urnas voltearon el tablero político local, han pasado ya tres años de mandato; un tiempo de gestión intensa, marcado por la mayor transformación física de la historia reciente de la ciudad y por una reconfiguración de las fuerzas políticas que hace prever un final de legislatura de lo más disputado.
En 2023, los socialistas liderados por Lourdes Borrell recuperaron la alcaldía en un giro electoral que ponía fin a la etapa de gobierno compartido entre los Comunes y Esquerra Republicana. Con ocho concejales, el PSC optó por la geometría variable y acuerdos de gobernabilidad que garantizaran la estabilidad del pleno, una estrategia que les ha permitido surfear un mandato de alta complejidad técnica y urbanística.
Tres años de gestión: de las obras del soterramiento al día a día de la ciudad
Estos tres años de gobierno han sido inseparables de la gran cicatriz abierta en medio de Sant Feliu: las obras del soterramiento de las vías del tren. El mandato de Borrell ha tenido que gestionar el pico de máxima complejidad de esta obra histórica, un hecho que ha puesto a prueba la paciencia vecinal por los cortes de tráfico, la movilidad y las molestias constantes. Desde el ejecutivo se ha defendido que su prioridad ha sido "ordenar" el impacto de unos trabajos que venían heredados del anterior mandato, acelerando el debate sobre el diseño de la futura rambla que unirá la ciudad.
Más allá del tren, la acción de gobierno del PSC ha buscado marcar distancias con la etapa anterior priorizando carpetas como la seguridad ciudadana y el espacio público. Durante estos tres años se ha reforzado la plantilla de la Policía Local, se han implementado nuevas cámaras de videovigilancia en los puntos calientes de la ciudad y se ha puesto en marcha un plan de choque de limpieza viaria y mantenimiento de parques, una de las principales quejas de la ciudadanía al inicio del mandato. En el ámbito económico, el gobierno ha puesto el acento en el apoyo al comercio local de ejes como la calle Laureà Miró y en la digitalización de la administración. No obstante, la oposición ha recriminado a menudo un cierto "ahogo" en las políticas de vivienda social y una pérdida de impulso en los proyectos de transición ecológica que se habían iniciado en la época de la pandemia.
El tablero de la oposición: entre la fiscalización y la búsqueda de candidatos
Con la mirada puesta en mayo de 2027, las siete fuerzas políticas comienzan a mover ficha en una carrera donde nadie quiere perder el tren. A la izquierda del espectro político, Esquerra Republicana y Sant Feliu en Comú Podem asumen el papel de principales alternativas, aunque desde perspectivas diferentes.
Los republicanos, que tienen en Oriol Bossa su valor más sólido —el exalcalde mantiene una alta visibilidad y todo apunta a que repetirá como cabeza de lista—, han optado por una oposición exigente pero institucional. ERC se ha centrado en denunciar la pérdida de perfil transformador de la ciudad, acusando al PSC de hacer política de "gestoría" y escaparate. Por su parte, los Comuns, una fuerza histórica en la ciudad, se encuentran en pleno proceso de redefinición. Con el liderazgo de Lidia Muñoz en el horizonte de la confluencia, su reto en este último año es reconectar con los movimientos vecinales históricos y convencer a los ciudadanos de que el futuro espacio que dejará el soterramiento requiere una mirada mucho más verde y menos especulativa que la del actual gobierno.
Al otro lado del hemiciclo, el Partit Popular, encabezado por Elisabet Ortega, llega a este final de mandato con el viento de cara que le dan las tendencias generales. Ortega ha sido la voz más contundente contra la gestión de la seguridad y el incivismo, un discurso que busca atraer el voto moderado y desbancar a Junts per Catalunya como referente de la oposición. Los de Junts, liderados por Jaume Manyoses bajo la marca 'Tots som Sant Feliu', han preferido jugar la carta de la utilidad, facilitando acuerdos puntuales en los presupuestos a cambio de partidas para la promoción económica y el tejido asociativo, posicionándose como un socio fiable de cara a futuros pactos de gobierno.
El pleno lo completan dos fuerzas con perfiles muy particulares. Veïns per Sant Feliu, con el veterano Silvestre Gilaberte al frente, ha continuado actuando como el "taladro" del gobierno en temas de micropolítica, denunciando deficiencias en el asfaltado o la falta de atención a los barrios de la periferia. Finalmente, el concejal de Vox, Juan Antonio Vázquez, ha seguido una línea de confrontación ideológica centrada en la inmigración y las críticas a las políticas de género, buscando consolidar su pequeña pero ruidosa bolsa de votantes.
Los deberes pendientes para la cuenta atrás
A partir de ahora, se abre el período que los analistas llaman de "precampaña permanente". Lourdes Borrell y su equipo tienen exactamente 365 días para recoger los frutos del trabajo hecho, inaugurar las reformas pendientes y, sobre todo, concretar el proyecto ejecutivo de la gran avenida que conectará la ciudad post-soterramiento. Para la oposición, será el momento de pisar el acelerador, visibilizar las carencias del día a día y presentar unos candidatos que se tendrán que ganar la confianza de un electorado santfeliuense que históricamente ha demostrado ser exigente y poco amante de las mayorías absolutas. La carrera hacia el 2027 ya no tiene marcha atrás.
