Barcelona ha puesto en marcha el Observatorio de las Migraciones y el Refugio, una nueva herramienta que proporcionará datos y análisis rigurosos sobre las dinámicas migratorias y su impacto en la ciudad. El objetivo es disponer de información fiable para orientar las políticas públicas y dar respuesta a los retos de integración y cohesión social.
El primer informe del Observatorio, elaborado por el Instituto Metrópoli a instancias del Ayuntamiento, ofrece una radiografía detallada de la realidad migratoria en Barcelona y abre la puerta a una serie de estudios anuales que abordarán aspectos como el acceso a la vivienda, la inserción laboral, la educación y la percepción social de la inmigración.
La teniente de alcaldía Raquel Gil ha subrayado que “los datos deben servir para formular respuestas más eficaces y para construir un relato basado en el rigor, alejado de usos partidistas de la inmigración”. El informe constata que la mayoría de personas migradas llegan a la ciudad en busca de oportunidades laborales.
Algunos de los datos más relevantes indican que el 31,3% de los residentes en Barcelona son nacidos en el extranjero, frente al 5% del año 2000. Las nacionalidades más numerosas son la argentina, la colombiana y la peruana. La población extranjera se concentra sobre todo en franjas de edad laboralmente activa y representa cerca del 30% de la población asalariada, especialmente en sectores como la hostelería o el trabajo doméstico.
A pesar del elevado nivel educativo —un 43,3% de las personas con nacionalidad extranjera tienen estudios superiores—, muchos encuentran barreras para ejercer sus cualificaciones debido a la falta de reconocimiento de títulos. Esta situación acentúa la precariedad y limita el acceso a rentas estables.
La comisionada Sonia Fuertes ha remarcado dos factores clave de desigualdad: el gasto en vivienda, que alcanza el 41,6% de los ingresos de los hogares extranjeros, y el acceso desigual a la protección social, más vinculado a ayudas de emergencia que a prestaciones estructurales como el desempleo o la jubilación.
Con este nuevo Observatorio, Barcelona se dota de un instrumento para mejorar las políticas de inclusión y reforzar la convivencia, con la aspiración de que los datos sean el fundamento de las decisiones públicas.