En octubre, Estela, su marido, sus hijos, su nieto y una persona con un 65% de discapacidad fueron desalojados del piso donde vivían en la calle Còrsega número 219. Como en tantos otros casos de desahucio, muchas personas se concentraron frente al inmueble para evitar que la familia quedara en la calle. Lo que diferencia este caso de otros es que 31 personas que participaron en la acción han recibido, esta semana y sin previo aviso, una sanción de los Mossos d'Esquadra por la cual les piden 601 euros de multa; 18.631 euros en total.
Como en otros desahucios, la policía pidió a los asistentes que no impidieran la actuación policial, pero los manifestantes comenzaron un acto de resistencia. Los Mossos intervinieron por la fuerza ante lo que el Sindicato de Inquilinos ha definido como "resistencia pacífica".
También lo indica así el documento de aviso de sanción que las 31 personas han recibido y donde solo se explica que los manifestantes no hicieron caso de la policía cuando les pidió que permitieran el desalojo y que añade que los concentrados entonaron cánticos contra la policía y proclamas como "no al desalojo".
Esta sanción se enmarca dentro de la llamada ley mordaza. Según explica el diario Tot Barcelona, otras personas vinculadas al movimiento en favor de la vivienda también han recibido esta semana cartas similares a esta.
En un momento en el que el debate sobre la vivienda en Barcelona está encima de la mesa, la policía ha decidido aumentar su presión sobre los movimientos contra los desahucios.