El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con una multa de 420.000 euros a la propiedad de un edificio que alquilaba casi todas las viviendas del inmueble, situado en la calle Ample número 24, en el distrito de Ciutat Vella, y estas viviendas se comercializaban como alojamientos turísticos ilegales.
La sanción llega después de meses de investigación y seguimiento de los inspectores municipales de la Dirección de Servicios de Inspección y del distrito de Ciutat Vella, y de la Guardia Urbana, que han podido constatar que durante años la propiedad iba evitando expedientes y sanciones del Consistorio alegando que alquilaba las viviendas aparentemente de manera legal con contratos de larga duración a inquilinos que aparecían como arrendatarios de los alojamientos turísticos ilegales.
De este modo, la propiedad evitaba el expediente finalizando el contrato de alquiler o cambiando de titular, una vez se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador del Ayuntamiento de Barcelona.
14 viviendas turísticas ilegales y una inquilina encargada de las entradas y salidas de turistas
La propiedad del edificio de la calle Ample número 24 es una comunidad de bienes familiar que alquilaba hasta 14 alojamientos en esta finca, y estos se comercializaban como alojamientos turísticos, a través de Booking y Airbnb, sin ninguna autorización para la actividad turística.
Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y a la vez pidiendo las desactivaciones de estos anuncios en las dos plataformas. Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, con el fin de evitar la actuación inspectora de la administración. En este periodo también, el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre y en todos los casos le engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.
Después de meses de seguimiento y acumulación de pruebas, el pasado mes de abril, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana de Barcelona y el distrito de Ciutat Vella, se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin la licencia para ejercer la actividad turística correspondiente. Y en el piso restante, vivía una inquilina de renta antigua que es quien gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los alojamientos turísticos del edificio.
El Ayuntamiento procedió a sancionar la propiedad después de desgranar toda esta actividad, organizada para esquivar la administración y utilizar de manera fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico y comerciando con el único piso de renta antigua, incorporando a su arrendataria a la gestión turística del inmueble.
Esta actividad se considera una acción muy grave que ha dado lugar al inicio de un procedimiento sancionador con la propuesta de sanción de 420.000 euros, cuantía a la que se llega con el cálculo estimado del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la ley de Turismo de Cataluña. Además, el Consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, para que la propiedad responda también si procede ante la hacienda pública.
Actuaciones más quirúrgicas y contundentes gracias a la reducción del alquiler turístico ilegal masivo
Esta actuación de los servicios de inspección del Ayuntamiento de Barcelona, sancionando contundentemente a los infractores reincidentes y profesionalizados para aprovechar resquicios legales para hacer negocio ilegalmente con la vivienda y el turismo en la ciudad, es posible gracias al hecho de que el alquiler turístico ilegal masivo que se detectaba en miles durante los años 2016 y 2017 se ha reducido a una actividad de poco más de un centenar mensual en estos meses.
Ante esta nueva situación, los servicios de inspección mantienen la persecución de la ilegalidad general, pero a la vez disponen de una radiografía muy cuidada de la actividad ilegal profesional y pueden diseñar como en este caso una actuación más personalizada de seguimiento y actuación sancionadora de manera más contundente y eficaz.
