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El conflicto entre el Casal independentista de Badalona Antoni Sala i Pont y el Ayuntamiento llegará a los tribunales. La entidad ha anunciado este miércoles que presentará una demanda contencioso-administrativa contra el consistorio a raíz de la sanción de 901 euros que le fue impuesta por la celebración de la Calçotada 2025.
El Casal reclama que se declare la nulidad de pleno derecho del procedimiento por una presunta desviación de poder. La asociación sostiene que la multa se tramitó a pesar de que había pedido la autorización para celebrar la comida popular con 41 días de antelación y que disponía del permiso de Ports de la Generalitat.
Según la entidad, la actividad también contaba con informes favorables del mismo Ayuntamiento y esta autorización constaba expresamente en el acta de la Guardia Urbana. Aun así, asegura que se llegaron a tramitar dos expedientes sancionadores consecutivos.
El Casal denuncia irregularidades en los expedientes
La asociación afirma que los procedimientos se basaron en “notificaciones enviadas conscientemente a direcciones erróneas, alteración de horarios del acta de inspección y la inversión del procedimiento legal, notificando la posibilidad de hacer alegaciones cuando la sanción ya se había dictado y ejecutado como definitiva”.
Posteriormente, el Ayuntamiento procedió al sobreseimiento del expediente por un error de hecho, pero el Casal considera que esta decisión no resuelve las presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación.
A través de un comunicado, la entidad acusa al gobierno de Xavier García Albiol de ejercer una “persecución política e ideológica” mediante la “fabricación de multas” y el uso de la burocracia municipal.
El portavoz del Casal, Marcel Vivet, ha calificado los hechos como un “modus operandi de represión burocrática para ahogar económicamente a las entidades que no se alinean con el relato de Albiol”.
La entidad vincula el origen del conflicto con el consistorio a su actividad social y, especialmente, al alojamiento que ofreció a familias vulnerables desahuciadas del antiguo Instituto B9 de Badalona.
Aparte de la vía contencioso-administrativa, coordinada con Alerta Solidària, el Casal asegura que se reserva la posibilidad de emprender acciones penales por presuntos delitos de prevaricación y discriminación contra varios cargos y responsables municipales. Entre las personas señaladas se encuentra el segundo teniente de alcalde, Daniel Gracia, así como responsables vinculados a los expedientes de Vía Pública y de la oficina de distrito.
El Ayuntamiento defiende que actuó con normalidad
La versión del consistorio es diferente. Fuentes municipales aseguran que en este caso se siguió el procedimiento administrativo habitual y niegan que la actuación tenga ningún carácter excepcional.
Según explican, en un primer momento se impuso una sanción a partir de la información disponible. Posteriormente, el Casal presentó un recurso en el que aportó la documentación que acreditaba que disponía de la autorización necesaria para celebrar la actividad. Ante esta nueva documentación, los servicios municipales estimaron el recurso, anularon la sanción y archivaron el procedimiento.
El Ayuntamiento defiende que este es el mismo mecanismo que se aplica a cualquier ciudadano o entidad cuando, mediante un recurso, se acredita que una sanción impuesta inicialmente no era procedente.
