Mou-te per Barcelona ha expresado su preocupación por la prolongación del tranvía por la Diagonal y por el impacto que el proyecto puede tener sobre los accesos a la ciudad, el medio ambiente y la movilidad, en una actuación que prevé el inicio de las obras en verano de 2027 y la entrada en servicio de la infraestructura en 2031.
Críticas al efecto sobre la Diagonal y la circulación
La plataforma ha advertido que la supresión de un carril de entrada desde la B-23 y el desvío del tráfico hacia los laterales pueden “agravar” la circulación en una de las principales arterias de acceso a Barcelona. En esta línea, ha señalado que el tranvía “puede acentuar el efecto barrera de la Diagonal y dificultar la circulación en sentido mar-montaña, alterando la continuidad de la trama Cerdà y las conexiones entre Ciutat Vella y el resto de la ciudad”.
La entidad ha sostenido que las actuaciones previstas transformarán una de las principales vías de entrada a Barcelona y ha pedido que antes de avanzar en el proyecto se evalúen de manera objetiva las consecuencias sobre los tiempos de desplazamiento, la congestión, las vías alternativas y la actividad económica.
Obras de cuatro años y posible afectación al comercio
La plataforma también ha advertido que “cuatro años de obras, con el riesgo de que se alarguen a cinco y se sumen a otras actuaciones en curso, pueden perjudicar gravemente el tejido comercial, dificultar el acceso a los establecimientos y reducir la actividad en las calles afectadas”. Por este motivo, ha reclamado que las administraciones establezcan medidas concretas para preservar el comercio local y la vitalidad de los barrios durante el periodo de trabajos.
Según la entidad, el efecto acumulado de las transformaciones urbanísticas, las obras simultáneas y las reducciones de espacio de circulación y estacionamiento en la ciudad también debe ser analizado de manera conjunta. “La capacidad de una vía principal puede desplazar el tráfico a otras calles y barrios, generar nuevos cuellos de botella e incrementar los recorridos”, ha apuntado Javier Cottet, portavoz de la Taula Mou-te per Barcelona y vicepresidente del Pacto por la Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona.
En esta misma línea, Cottet ha considerado que “el protagonismo del tranvía por la Diagonal es una decisión de gran trascendencia” y ha añadido que no se pueden valorar las ventajas del proyecto sin examinar también las consecuencias sobre el conjunto de la circulación.
La accesibilidad también es actividad económica
Mou-te per Barcelona ha defendido que las dificultades de acceso y estacionamiento afectan al comercio, la restauración, las empresas y los profesionales que necesitan desplazarse a Barcelona para trabajar, prestar servicios, visitar clientes o transportar mercancías. En este contexto, ha alertado que la acumulación de restricciones puede favorecer que ciudadanos y consumidores del entorno metropolitano trasladen las compras y las gestiones fuera de la ciudad.
La plataforma ha remarcado que preservar la accesibilidad es esencial para mantener la competitividad y la vitalidad comercial de Barcelona, y ha recordado que el transporte público metropolitano continúa mostrando carencias, con incidencias de Rodalies e insuficiencias de frecuencia y cobertura en diversos municipios que dificultan la disponibilidad de una alternativa competitiva al vehículo privado.
En este marco, la entidad ha defendido la mejora del transporte colectivo y ha reconocido la utilidad del tranvía, pero ha cuestionado que su implantación comporte nuevas reducciones de la capacidad viaria sin una evaluación global.
Reclamaciones de transparencia, garantías y participación
Ante esta nueva fase del proyecto, Mou-te per Barcelona ha exigido una evaluación pública y rigurosa del impacto del tranvía sobre los accesos, con especial atención a la supresión de un carril desde la B-23 y al desvío del tráfico hacia los laterales. También ha pedido un estudio del efecto acumulado de las transformaciones urbanísticas sobre la red viaria, la congestión y los tiempos de desplazamiento.
Además, ha reclamado alternativas de transporte público fiables y suficientes, con frecuencias y cobertura adecuadas a las necesidades metropolitanas, así como una revisión de los accesos, la regulación semafórica y la gestión del tráfico. La entidad también ha pedido garantizar espacios suficientes de estacionamiento, distribución urbana de mercancías y carga y descarga.
Finalmente, ha exigido la participación efectiva de los sectores afectados y de los representantes de los diferentes medios de transporte en las decisiones de movilidad, y ha subrayado que no se debería ejecutar ninguna nueva reducción de la capacidad viaria sin hacer públicos los estudios de impacto y las medidas previstas para garantizar la accesibilidad y la actividad económica.
“Hace años que participamos en reuniones, presentamos propuestas e informes y trasladamos nuestras preocupaciones a los responsables públicos. El diálogo institucional es necesario, pero no puede servir de excusa para perpetuar una política que no resuelve los problemas reales de movilidad. Necesitamos hechos, transparencia y decisiones basadas en criterios técnicos”, ha añadido Cottet.
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