La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética establece que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Mollet del Vallès, deberán adoptar, antes de que finalice 2023, el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones dentro de su término municipal. La elaboración de la ordenanza se ha trabajado de manera coordinada con el resto de municipios que forman la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano para poder aplicar criterios similares y tener una propuesta conjunta con el mismo tipo de regulación.
La zona de bajas emisiones en Mollet incluye las calles dentro del área delimitada por Av. Jaume I, calle Roger de Llúria, Rambla Pompeu Fabra y calle Berenguer III. Estas vías mencionadas quedan excluidas de la ZBE. Con esta delimitación, la ZBE tendrá 3.000 habitantes y 800 vehículos censados en su interior.
La normativa relativa a la ZBE ha sido consensuada por el conjunto de municipios del Arco Metropolitano, tanto por sus características generales, como por elementos como el calendario, el sistema de control o las exenciones, moratorias y autorizaciones.
La Zona de Bajas Emisiones en Mollet restringirá el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental, excepto algunas exenciones, autorizaciones y moratorias, de las cuales se destacan: vehículos PMR (Personas Movilidad Reducida), servicios de emergencia y esenciales, vehículos de personas residentes en la ZBE, personas con unos ingresos inferiores a dos veces el IPREM, profesionales que necesiten el vehículo y a quienes les falten menos de 5 años de cotización.
La regulación de la ZBE será de aplicación todos los días laborables, de 7 h a 20 h, con un sistema de control mediante cámaras de lectura de matrículas. Durante el año 2024 la ZBE solo en episodios de contaminación NO2. A partir de mayo de 2025 se iniciarán las sanciones.
Para el concejal de Proyectos Urbanos y Obra Pública Raúl Broto Cervera “se ha buscado el equilibrio y la proporcionalidad entre la justicia ambiental, es decir, la mejora de la calidad del aire, y la justicia social y el fomento de la actividad económica, para evitar que la medida fomente la desigualdad. No podemos olvidar que según datos municipales, tenemos más de un 30% del total de los 30.000 vehículos censados en la ciudad, sin etiqueta”.