Un millar de personas, según la Guardia Urbana, han participado en la llamada de la plataforma '+Derechos y + Justicia Social' en Barcelona para exigir que la salida de la crisis no conlleve más recortes. A través de sus reclamos, los manifestantes han reclamado más justicia social y que se protejan los servicios públicos. Esta era la primera convocatoria de la plataforma, formada por 14 entidades, la UGT y CCOO. "Queremos situar el malestar colectivo y la necesidad de hacer políticas antes de que el Gobierno nos diga que vienen recortes", ha justificado el secretario general de la UGT en Cataluña, Camil Ros.
Una gran pancarta con el lema 'Más derechos, más justicia social' ha encabezado la marcha, este domingo al mediodía, en la capital catalana. Saliendo de la plaza Urquinaona, la protesta ha transcurrido por vía Laietana hasta llegar a la sede de la Generalitat, la plaza de Sant Jaume. Como en Barcelona se han hecho descentralizadas en Tarragona, Lleida y Girona. Antes de empezar, el secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, ha puesto el foco en la importancia de la protesta, que coincide en el calendario con las negociaciones de los presupuestos en Madrid. "Se debate sobre enmiendas a la totalidad, pero no se ha hecho ningún debate sobre fiscalidad o qué partidas son necesarias para que todos los hogares tengan ingresos", ha criticado. Por esta razón, según ellos, ahora es el momento de dejar de ser "reactivos para ser preventivos, y que esta crisis no la pague la clase trabajadora". "Llueve sobre mojado", ha recalcado su homónimo en CCOO, Javier Pacheco, recordando que apenas el Estado ha superado la crisis de 2008. Por esta razón ha instado a la población a la "conciencia colectiva" y a la necesidad "de salir a la calle". "Queda mucho por hacer y tenemos que evitar por todas que nadie se quede atrás", ha reivindicado. La plataforma '+Derechos y + Justicia Social', constituida el noviembre pasado, reclama doce acciones para garantizar la igualdad y la justicia social, entre los cuales hay la derogación de la reforma laboral y la de la Ley Mordaza, pero también un refuerzo de los servicios públicos, subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros en enero de 2022, regular el precio de la vivienda y de la electricidad o un pacto para la juventud que garantice condiciones para su emancipación personal y laboral. Aparte de la UGT y CCOO y sus secciones juveniles, forman parte de la plataforma más de una decena de colectivos, entre los cuales la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC). "Hay que volver a tomar el pulso a la calle en un momento tan determinante como en el que estamos", ha exclamado su presidente, Jordi Giró, apelando a la necesidad de parar "esta vulnerabilidad y estas diferencias sociales que estamos sufriendo". En Comú Podem se suma a la protesta En plenas negociaciones por la reforma laboral, la presidenta de En Comú Podem en el Parlamento, Jéssica Albiach, también se ha querido sumar a la protesta de este sábado. En declaraciones a los medios Albiach ha asegurado que este diciembre será "el último mes con la reforma del PP" y que el 2022 será el punto de partida de una nueva legislación que tiene que permitir que España "deje de ser la excepción en Europa en materia de temporalidad, no puede ser que uno de cada cuatro contratos sea inferior a una semana", ha dicho. La ausencia de Marea Pensionista Esta misma semana el colectivo Marea Pensionista se ha desmarcado de la manifestación al considerarla "improvisada" y "de carácter restringido". A través de un comunicado el colectivo explicó que, a pesar de compartir objetivos con la plataforma, la protesta "no obedece a un plan de acción serio". También criticaron que los organizadores no se han puesto en contacto con la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos o la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, que coordina "decenas de plataformas sociales de Cataluña de forma periódica a la búsqueda de unidad de acción". En paralelo acusaron a los dos sindicatos de haber sido "cómplices" de la reforma de pensiones y criticaron su "total pasividad" ante el mantenimiento de la reforma laboral o la ley mordaza.
