El Ayuntamiento de Mataró quiere movilizar unos 200 nuevas viviendas para destinarlas al alquiler social durante este mandato, según las previsiones de la concejala de Políticas de Vivienda, Sarai Martínez. Actualmente, la empresa municipal de urbanismo, PUMSA, ya gestiona 306, después de la última adquisición en la zona del Parc de Mar, entre el TecnoCampus y la zona portuaria. Allí se han comprado siete nuevas viviendas de una promoción en primera línea de mar. Se trata de pisos de dos habitaciones y de 65 metros cuadrados que se alquilarán a un precio máximo de 580 euros mensuales, pero que podría ser inferior en función de los ingresos de los adjudicatarios.
La concejala de Vivienda explica que la ampliación del parque público de vivienda es una de las prioridades del mandato y que para ello se ponen en marcha diferentes fórmulas, como la compra de viviendas que se ha hecho en el Parc de Mar, pero también la adquisición por tanteo o el impulso de nuevas promociones.
Delante mismo del bloque de pisos del Parc de Mar, de hecho, se debe desarrollar el sector de Iveco, donde se prevén más de 80 viviendas públicas. En este espacio las nuevas promociones se impulsan a través del derecho a superficie, ya que la mayoría de obras que se deben realizar son privadas. "Quizás de aquí a dos años podamos empezar a ver la luz, pero será largo", augura Martínez.
Los que se verán antes serán las 60 viviendas de la calle Churruca, una promoción impulsada el mandato pasado, y que justo ahora se ha adjudicado su construcción. También en la Ronda Barceló la Generalitat impulsa otra promoción de 60 viviendas más y está previsto que este mismo mes se firme la cesión del suelo.
"Con todo el suelo que está saliendo, nos gustaría poder dejar preparados más de 200 viviendas", se felicita la concejala. De estas 200, sin embargo, quizás no todas estarán terminadas dentro del mandato. El objetivo es al menos dejarlos "proyectados" para que puedan ser una realidad en el mandato siguiente.
El último mandato el parque de vivienda pública se amplió en una sesentena de viviendas y actualmente el Ayuntamiento gestiona más de 300. Sin embargo, desde el consistorio admiten que no hay suficiente como para poder satisfacer la lista de espera de familias que aspiran a una vivienda de protección oficial.
