"El derecho a la vivienda ocupa un lugar central entre las preocupaciones ciudadanas. Las consecuencias de la crisis económica, que dejó a muchas familias sin vivienda y sin recursos para obtenerla, aún no se han superado; es más, se pueden ver agravadas por el estallido de la pandemia.
Ahora más que nunca, todas las administraciones debemos destinar recursos y trabajar coordinadas para afrontar las necesidades habitacionales de tantas familias en situación de vulnerabilidad. Solo con más recursos, una acción coordinada y la implicación del sector privado, podremos encontrar la solución al problema de la vivienda.
Y cuando hablamos del sector privado, no podemos dejar de referirnos a los grandes tenedores, porque la vivienda debe cumplir su función social y no puede ser objeto de especulación. Por lo tanto, es necesario que más allá de la actuación y de los recursos públicos, el ámbito privado, y en especial los grandes tenedores, asuman su responsabilidad social y pongan en el mercado su parque de viviendas.
No es tolerable que haya viviendas vacías, de la misma manera que no es tolerable que se ocupen viviendas ilegalmente.
La ocupación delictiva de viviendas es un fenómeno diverso, que en Cataluña tiene una gran incidencia y que afecta en muchos casos la convivencia en los barrios de nuestras ciudades. Un fenómeno que desde los ayuntamientos nos corresponde encarar, en muchas ocasiones carentes de las herramientas necesarias, sin las cuales se puede fracasar a la hora de poder ofrecer viviendas para colectivos vulnerables y de lograr seguridad y eficacia policial y judicial para luchar contra las ocupaciones delictivas.
Un ejemplo de acciones emprendidas por las instituciones locales es el Protocolo de intervención en las ocupaciones ilegales de inmuebles puesto en marcha por el Ayuntamiento de Mataró.
Sin embargo, los Ayuntamientos no podemos encontrarnos solos gestionando situaciones muy complejas que, además, pueden derivar en conflictos vecinales. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, cada uno dentro de su ámbito competencial, no pueden mirar hacia otro lado y no hacer nada.
Por estos motivos queremos poner de relieve que, ahora más que nunca, es necesario:
-Luchar para erradicar la conflictividad social y de convivencia que comportan las ocupaciones de inmuebles vinculadas a organizaciones delictivas y mafias que se lucran de ello.
-Luchar contra la existencia de viviendas vacías de grandes tenedores. Sin viviendas vacías no habría viviendas ocupadas.
-Impulsar políticas de vivienda eficaces de acuerdo con la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y la Ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial y ante la situación de emergencia social que nos encontramos, priorizar e incrementar exponencialmente los recursos con una dotación presupuestaria con carácter extraordinario comprometiéndose a ejecutarla, con la implicación del sector privado.
-Reforzar la coordinación de las administraciones: los ayuntamientos necesitamos que el Gobierno de la Generalitat y el del Estado actúen y que lo hagan en coordinación con los entes locales.
-Abordar de manera diferente las diversas tipologías de ocupación: es necesario habilitar los recursos residenciales necesarios para aquellas personas que se ven abocadas a ocupar al no tener alternativa. Es necesario luchar de manera efectiva contra las mafias que se aprovechan y hacen negocio de la necesidad de las familias, y también contra individuos y mafias que ocupan para delinquir desde los inmuebles ocupados.
-Establecer unos criterios claros y uniformes de las Audiencias Provinciales de Cataluña y de la doctrina y jurisprudencia de la Sección 2º del TS sobre la ocupación ilegal, sobre todo de la adopción de las medidas cautelares en relación a los artículos 202 y 245 del Código penal que dote a las fuerzas de seguridad de un marco de actuación claro, especialmente en los supuestos donde no se acredita título de propiedad ni hay riesgo habitacional.
-Celebrar que la Fiscalía General del Estado haya dado instrucciones claras y precisas,por las cuales unifica criterios para la adopción de medidas cautelares en los delitos de usurpación de bienes inmuebles y violación de domicilio (nº 1/2020 de 15 de septiembre) a las Fiscalías Superiores de las Comunidades Autónomas para que unifiquen criterios sobre las ocupaciones delictivas.
-Celebrar que la Secretaría de Estado de Seguridad haya establecido un protocolo para dar una solución policial integral y uniforme a las diferentes situaciones que se pueden presentar en el ámbito de la ocupación ilegal de inmuebles (Instrucción 6/2020 de 17 de septiembre).
Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Mataró propone a la Junta de Portavoces la adopción de los siguientes acuerdos:
- Que el Gobierno de la Generalitat actúe ante el incremento evidente de casos de ocupaciones en Cataluña y contra los problemas de convivencia que esta realidad genera. Que lo haga elaborando un Plan Interdepartamental contra la ocupación desde el ámbito social, de las políticas de vivienda, de seguridad y de justicia. En el ámbito de la seguridad se impone la coordinación efectiva de los diversos cuerpos policiales, a través de las juntas de seguridad locales. Solo con la coordinación se podrá luchar con eficacia contra las mafias organizadas que favorecen las ocupaciones ilegales.
- Modificar el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para el acceso a la vivienda, para dotar de más competencias a los gobiernos municipales para actuar de manera eficaz contra la delincuencia y las ocupaciones ilegales. Falta un liderazgo del Gobierno de la Generalitat, demasiado a menudo, los gobiernos de la Generalitat y del Estado dejan todo el peso de las situaciones que generan las ocupaciones de carácter delictivo (problemas de convivencia vecinal, precariedad habitacional, necesidad de gestión social...) a los ayuntamientos. Por eso es necesario impulsar convenios con los municipios, con delegación de tareas y recursos de proximidad para afrontar las ocupaciones con celeridad y diligencia.
- Instar al Gobierno de España a promover las reformas legislativas necesarias para abordar de forma rápida y eficaz la problemática derivada de las ocupaciones ilegales de inmuebles relacionadas con la delincuencia y/o que generan graves problemas de convivencia.
- Que en aquellos partidos judiciales en los que la problemática sobre las ocupaciones y delitos vinculados suponga una sobrecarga del sistema, se cree la figura del Fiscal especializado (que puede depender del de delincuencia organizada o económica, dadas las vinculaciones con los grupos criminales, la trata, la inmigración ilegal, el blanqueo, etcétera).
- Que los órganos judiciales correspondientes establezcan una línea jurisprudencial que garantice la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación del derecho y que se tomen medidas en el ámbito de la administración de justicia para agilizar la resolución de los asuntos cuya demora incide más negativamente en la percepción de seguridad y en la convivencia de la ciudadanía.
- Trasladar los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a las Audiencias Provinciales de Cataluña, a la Sección 2a del Tribunal Supremo y a las entidades municipalistas catalanas y estatal y a las asociaciones de vecinos."
