Mataró crea una comisión informativa especial en asuntos laborales

12 de enero de 2024 a las 18:42h

El Pleno municipal de Mataró aprobó ayer, 11 de enero, el nombramiento de los miembros de la nueva comisión informativa de carácter especial para transparentar la política de recursos humanos del Ayuntamiento en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo. En un Pleno anterior, celebrado el 21 de diciembre, ya se había aprobado la creación de esta comisión especial.De acuerdo con el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, las Comisiones Informativas especiales tratan un asunto concreto y se extinguen automáticamente cuando el órgano ha dictaminado o informado sobre el mismo.

Contenido y miembros de la Comisión

En este caso, la Comisión tiene el encargo de analizar e informar detalladamente de los expedientes administrativos relativos a los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo. En concreto, tratará sobre los asuntos derivados de las actuaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) en relación con las denuncias presentadas por una persona informante sobre supuestas prácticas de contratación irregulares.

Respecto a esta cuestión, el Ayuntamiento ha dado respuesta a todos los requerimientos de información recibidos de la OAC, que el pasado 1 de diciembre comunicó la incoación de expediente sancionador contra el Ayuntamiento por la posible comisión de infracciones administrativas.La Comisión especial estará formada por un representante y un suplente de cada grupo municipal. La presidirá el primer teniente de alcalde Miquel Àngel Vadell (PSC) y la vicepresidenta será la concejala Sarai Martínez (En Comú Podem Mataró). El resto de miembros titulares designados por los grupos municipales son los concejales Joaquim Camprubí (ERC), Judith Cortés (VOX), Alfons Canela (Junts per Mataró), Cristian Escribano (PP) y Carlos García (CUP). Los grupos han designado también un suplente en cada caso.Los acuerdos se decidirán por voto ponderado. Las conclusiones deberán elevarse al Pleno en el plazo de 6 meses prorrogables a un máximo de 3 meses, previo acuerdo de la mayoría simple de sus miembros.

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