Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado los datos sobre la evolución de las etiquetas ambientales de los turismos que circulan en la ciudad. Por primera vez, los vehículos con el distintivo ECO superan a los vehículos con etiqueta B (amarilla). Se trata de un 24,7% frente a un 18,1% - en 2017 eran aproximadamente el 40% del total - . Por otro lado, los vehículos 100% eléctricos suponen el 4% mientras que los que tienen el distintivo verde se mantienen en un 52%. Solo el 1,2 % del total circula sin etiqueta.
La teniente de alcaldía de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda, Laia Bonet, ha valorado de forma muy positiva estos datos ya que el parque circulante de la ciudad se está transformando poco a poco. "Por primera vez, la tendencia nos señala que este 2023 no superaremos los umbrales europeos en ninguna estación", ha expresado la teniente, que ha remarcado la intención del Ayuntamiento de seguir trabajando sobre este ámbito.
Otro de los factores a destacar con respecto a la transformación de los vehículos que circulan en la ciudad es su antigüedad. Tal y como ha explicado Bonet, el envejecimiento también está mejorando en el conjunto de los vehículos censados en la ciudad. Los datos facilitados por la DGT demuestran que mientras el parque censado en el conjunto del Estado español ha aumentado 1,9 años, en Barcelona solo ha pasado de los 10,5 años en 2016 hasta los 11,2 en 2022.
La normativa europea, más exigente
Los límites normativos actuales de la Unión Europea marcan en 40 µg/m3 los niveles de NO₂ en todas las estaciones de la ciudad de media anual. Laia Bonet ha destacado la exigencia de la normativa europea y ha mencionado que aún hay que trabajar más sobre este aspecto. "Tenemos que abordar de forma coordinada con el resto de las administraciones todos los retos que vendrán", ha expresado Bonet.
A pesar de los datos favorables, el Ayuntamiento de Barcelona ya trabaja en la evolución de todo el marco normativo para compasar las medidas municipales con las próximas modificaciones de la normativa europea que los países deberán determinar de cara a 2023. Se hará de forma coordinada con la Generalitat de Catalunya, como con el Área Metropolitana de Barcelona y el resto de municipios.
