Los manteros de Barcelona denuncian el regreso de una persecución "brutal" que no sufrían desde antes de la pandemia de la covid que estalló en el año 2020. Así lo explica a la ACN el portavoz del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Lamine Sarr, que apunta que este verano la policía se ha vuelto "más violenta" y notan más presión de la Guardia Urbana, que los "persigue" y requisa "muchísimos materiales".
El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, señala que esta "presión" sobre la actividad continuará y afirma que los agentes tienen indicaciones "precisas" de "combatir" la venta ilegal. "En Barcelona no queremos este tipo de negocio", espeta.
Sarr apunta que antes de la pandemia ya existía esta misma persecución que ahora ha regresado y lamenta que el gobierno de Jaume Collboni los "criminaliza". A pesar del cambio de gobierno municipal el 28M, con el PSC en solitario y Jaume Collboni de alcalde ahora, continúa al frente del ámbito de Seguridad el teniente de alcaldía Albert Batlle.
Según Batlle, la "presión" sobre la venta ambulante ha sido "continuada" desde agosto de 2019, cuando ya les preocupaba "mucho" el fenómeno. "Estamos en una situación que llevamos conduciendo desde hace cuatro años y los meses de verano se hace más evidente", indica. Larr reconoce que el verano es un período "difícil" porque hay más personas "condenadas" a vender en la calle. Además, sin embargo, los manteros afirman que este año se les están requisando muchos productos.
Más de 10.000 productos decomisados en un fin de semana
Desde principios de verano, y en el marco del llamado 'Plan Endreça', la Guardia Urbana ha decomisado productos destinados a la venta ambulante y ha asegurado que se seguirán reforzando "contundentemente" los dispositivos para garantizar "la convivencia, el civismo y la seguridad" en la ciudad.
El último fin de semana de julio, por ejemplo, la Guardia Urbana decomisó hasta 11.255 productos provenientes de la venta ambulante, según difundió el cuerpo policial en Twitter. Aparte, el último fin de semana se decomisaron unos 4.000.
"El Plan Endreça supone limitar este tipo de actividades invasivas", apunta Albert Batlle, que promete seguir con la presión sobre la venta ilegal de productos. Ante esto, Lamine Sarr critica que Batlle "tiene la mentalidad de perseguir y limpiar las calles como si no hablara de seres humanos" y lamenta que "el primer objetivo" de Collboni es "perseguir y criminalizar" a las personas migrantes que se ganan la vida con la venta ambulante.
En paralelo, según datos facilitados a la ACN por fuentes municipales, el mes de junio pasado se pusieron 6.367 denuncias por el comercio no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos, casi la mitad de todas las denuncias interpuestas de enero a junio de 2023, que se elevan a 12.185. Sin embargo, no se dispone de los datos de productos decomisados desde principios de verano ni tampoco de las denuncias específicas por venta ambulante.
Qué hay detrás de la venta ambulante
El portavoz del sindicato de manteros subraya que detrás de la venta ambulante no hay un "deseo", sino una "obligación de supervivencia". Asegura que la ley "criminaliza" a los migrantes que no tienen derecho a trabajar cuando llegan al estado español y recuerda que los manteros que ahora son perseguidos fueron aplaudidos en su momento por coser mascarillas y batas para los hospitales durante la pandemia.
Sarr interpela a Collboni para que aporte más proyectos sociales. "Nosotros hemos dado el primer paso y ya hemos hecho un sindicato y una cooperativa. Estamos regularizando cada año a personas", comenta. Ante esto, reflexiona: "Si nosotros podemos aportar proyectos sociales, la administración, que tiene más poder, puede hacer más que nosotros".
Batlle, sin embargo, asegura que detrás de la venta ambulante "siempre hay actividades delictivas y mafiosas" y está convencido de que la actividad "perjudica" a los comerciantes y la convivencia en el espacio público y "no hace ningún favor" a los vendedores que se dedican a ella. Por todo ello, deja claro que es una actividad "prohibida" que se seguirá persiguiendo y cierra la puerta a ninguna "negociación": "Con la actividad ilegal y el delito no se negocia". Sin embargo, el teniente de Seguridad añade que en todo caso el abordaje sobre la inserción laboral debería hacerse "desde el conjunto de las administraciones".
