Los juicios con jurado popular en la Audiencia de Barcelona se han disparado en los últimos años, sobre todo por los delitos de allanamiento de morada. Mientras que en 2017 se tramitaron 51 causas con jurado, en 2022 se abrieron 95. Aunque los allanamientos de morada tienen penas bajas, la ley del jurado obliga a poner en marcha toda la maquinaria para elegir a los 11 miembros del tribunal popular, que llega a costar una media de 6.000 euros. Por eso, la Fiscalía de Barcelona propone que este y otros delitos menores como las amenazas y la omisión del deber de socorro no se juzguen con jurado popular, que se reservaría para los homicidios y asesinatos y delitos de corrupción. De esta manera se ahorraría dinero público y se acelerarían algunos trámites.
Según la memoria de la Fiscalía de Barcelona de 2022, durante el año pasado se celebraron 69 juicios con jurado en la Audiencia de Barcelona, frente a los 51 de 2021. No obstante, 32 fueron vistas orales para ratificar conformidades en casos con penas inferiores a los seis años de prisión. De los otros 37, un total de 26 fueron por homicidio o asesinato, y de estos, 24 terminaron con condena. Durante el mismo año se presentaron 22 recursos de apelación contra sentencias de jurado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), 18 de los cuales por parte de las defensas o acusaciones particulares y cuatro por parte de la fiscalía.
En total, en 2022 se tramitaron 272 causas de jurado, 177 de las cuales venían de años anteriores, frente a las 192 que se tramitaron en 2021, 112 de las cuales procedían de los años previos. En concreto, se abrieron 95 procedimientos de jurado, siendo Barcelona la demarcación con más procedimientos de este tipo de toda España, por delante de Madrid, que tiene más población. El incremento respecto a 2017, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que todos los delitos previstos en la ley del jurado se debían hacer con jurado aunque fueran acompañados de otros delitos, es notable, ya que aquel año se tramitaron 51 causas de este tipo. En total se archivaron 113 causas.
De los 95 procedimientos de jurado, 25 fueron por homicidio o asesinato, pero 59 fueron por allanamientos de morada, dos por omisión del deber de socorro y siete por otros delitos. Estos otros delitos pueden ser amenazas, soborno de funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, o infidelidad en la custodia de presos o documentos. Los allanamientos de morada a menudo son exparejas que entran en casa de sus anteriores parejas sin su permiso y terminan con conformidad.
La coordinadora del servicio de jurado de la Fiscalía de Barcelona, Elena Contreras, dice que el servicio está “casi colapsado” debido al fuerte incremento de casos. Por eso, y por el coste económico que supone, pide que los jurados populares no juzguen los casos de allanamiento de morada, amenazas condicionadas y omisión del deber de socorro, y se centren en los homicidios y los asesinatos, aparte de los otros delitos de corrupción que incluye la ley del jurado. Según ella, estos delitos que deberían ser juzgados por tribunales profesionales tienen penas muy menores pero igualmente ponen en marcha toda la maquinaria para elegir a los 11 miembros del tribunal popular, lo que supone unos 6.000 euros de media.
Además, la memoria de la fiscalía recuerda que esta solicitud ya hace años que se plantea y el Consejo General del Poder Judicial también la ha hecho anteriormente.
Finalmente, Contreras apuesta porque las conformidades se puedan acordar en todos los delitos y penas, no solo en los de menos de seis años de prisión. También apuesta por la mediación y la justicia restaurativa, sobre todo en los delitos como amenazas o allanamiento de morada, que normalmente son más bien conflictos de convivencia.
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