Los Servicios Sociales de la ciudad de Barcelona atendieron en el año 2021 un total de 97.531 personas diferentes, un 10,36% de incremento respecto a las 88.375 personas que atendieron el año anterior y hasta un 22,56% de incremento respecto a las 79.575 personas que se atendieron en el año 2019, el último sin la irrupción de la Covid-19 y por tanto sin la crisis social y económica que ha traído asociada la pandemia. La cifra de este 2021 representa un nuevo máximo histórico en la actividad de los Servicios Sociales municipales, como demuestra igualmente que se realizaron 269.106 atenciones diferentes, también por encima de las 251.473 atenciones realizadas en 2020 (+7%) y las 184.344 atenciones del año 2019 (+45%).
Entre el total de personas atendidas un 63% eran mujeres y hasta un 24% han sido atendidas por primera vez o bien hacía más de un año que no lo habían requerido. Este último dato es ligeramente inferior al 32% que se detectó el año pasado y, por tanto, demuestra una ligera estabilización en cuanto a la llegada de nuevas personas a los Centros de Servicios Sociales en los últimos meses. Por distritos de la ciudad, y teniendo en cuenta el número de atenciones recibidas, porque cada persona puede recibir más de una, los distritos de Nou Barris y Ciutat Vella continúan siendo los que acumulan una mayor actividad:-
- Nou Barris: 38.835
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- Ciutat Vella: 36.801
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- Sants – Montjuïc: 34.683
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- Sant Martí: 34.660
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- Eixample: 34.075
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- Horta – Guinardó: 30.983
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- Sant Andreu: 22.087
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- Gràcia: 16.726
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- Sarrià – Sant Gervasi: 10.930
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- Les Corts: 9.326
Para hacer frente al incremento de la demanda, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) incorporó durante el año pasado más de un centenar de nuevos profesionales a los equipos de atención básica, gracias al acuerdo al que se llegó entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. En concreto fueron 95 profesionales más en los Centros de Servicios Sociales (CSS), 25 más en los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) y 3 más en el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA). Con estas nuevas incorporaciones, la plantilla actual es de 795 profesionales en los CSS, 158 en los EAIA y 50 en el SARA. Este refuerzo de la plantilla, junto con la extensión de las atenciones telemáticas, la distribución de teléfonos y equipos informáticos entre los profesionales y sobre todo el sobreesfuerzo y la dedicación personal de estos profesionales, han permitido que el tiempo de espera de la primera respuesta se haya podido reducir de manera notable desde 2019. Así, mientras que en 2019 el tiempo de espera para recibir la primera atención se situaba en 21,34 días, en 2020 bajó a 15,36 días y durante el año pasado volvió a bajar hasta los 12,4 días de media.
El aumento de las atenciones ha supuesto igualmente mantener un volumen muy elevado de las ayudas de emergencia social que se tramitan desde los Centros de Servicios Sociales. De hecho, Barcelona es una de las únicas 12 ciudades del Estado que tiene capacidad para tramitar ayudas de este tipo en un plazo inferior a las 48 horas, tal como ha señalado recientemente la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDiGSS), que igualmente ha reconocido este año los Servicios Sociales de Barcelona como los mejores del Estado. En total, y sumando las diferentes ayudas económicas gestionadas directamente por los CSS durante el año 2021, se otorgaron prestaciones económicas por valor de 41,3 millones de euros, que se desglosan en los siguientes grandes capítulos:-
- 25,8 millones de euros en ayudas destinadas a sufragar la vivienda, que suman tanto los 20,8 millones de euros destinados a pagar gastos de alojamiento de emergencia en pensiones, hostales y hoteles como los 5 millones de euros más destinados a 11.870 ayudas de emergencia diferentes para pagar el alquiler, entre otros. Este apartado ha experimentado un incremento del 7,5% respecto al año 2020, lo que pone de manifiesto la importancia creciente que tiene la falta de vivienda o bien los elevados precios de la vivienda en la situación de riesgo de pobreza que padecen las personas atendidas por los Servicios Sociales.
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- 9,96 millones de euros otorgados a partir del Fondo 0-16 para familias con niños a cargo, con un acento especial para familias monoparentales. El año anterior esta ayuda fue incluida en el contexto de emergencia provocada por la pandemia en el fondo Covid-19 extraordinario.
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- 3,5 millones de euros en 17.060 ayudas de alimentación. Esta partida ha experimentado un descenso respecto al año anterior, cuando fruto de la parada económica y el confinamiento domiciliario fue necesario destinar 6,4 millones de euros en 28.213 ayudas de alimentación diferentes. Aun así, cabe destacar que otros servicios de alimentación que hay presentes en la ciudad han reanudado su actividad y han permitido atender igualmente a miles de personas:
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- Los 17 comedores sociales que hay en la ciudad sirvieron casi 536.000 comidas a 13.158 personas diferentes.
- Los 25 espacios que organizan comidas en compañía sirvieron unos 368.000 comidas a 1.248 personas diferentes.
- El servicio de comidas a domicilio sirvió unos 884.000 comidas diferentes a un promedio de 2.127 personas cada mes.
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En este punto, cabe destacar que las ayudas económicas de emergencia que otorgan los Centros de Servicios Sociales son solo la última protección social que reciben las personas en riesgo de pobreza y exclusión social que no tienen otras alternativas reales en forma de ingresos estables provenientes de otras administraciones como podrían ser las prestaciones de desempleo, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que otorga la Generalitat de Catalunya o bien el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que gestiona el Estado. A pesar de que los 41,3 millones de euros en ayudas directas que gestionaron los Servicios Sociales de Barcelona el año pasado representan un incremento exponencial respecto a los 13,1 millones de euros que se otorgaron solo dos años antes, también es cierto que esta partida ha experimentado un ligero decremento respecto a los 46,4 millones de euros que se gestionaron durante el año 2020. La reducción tiene una triple explicación. Por un lado, la extinción del Fondo Covid extraordinario que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona en el momento más crudo de la pandemia y que gestionó por sí solo 14,9 millones de euros en el año 2020; la propia mejora de la situación económica de la ciudad con un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) que experimentó un crecimiento interanual del 16,2% durante el segundo trimestre de 2021, en paralelo con una reducción del desempleo a niveles del año 2008 hasta situar el número de personas desempleadas en 64.141; y también, de manera destacable, la extensión de la RGC y el IMV a más vecinos y vecinas de la ciudad, hasta el punto que actualmente hay alrededor de 4.650 familias más que perciben estas rentas en comparación con el año anterior. En concreto, la media de hogares que percibían la RGC en el año 2020 era de 6.560 y ahora son 8.440, mientras que el IMV ha pasado de 1.380 a 4.150 hogares.
Esfuerzo sin precedentes
Sea como sea, la falta de vivienda o la falta de vivienda a un precio asequible se consolida como uno de los factores que más influyen en la posibilidad de sufrir riesgo de exclusión social. Aun así, y a pesar de que la vivienda es una competencia compartida en el Consorcio de la Vivienda de Barcelona en el que la Generalitat de Catalunya cuenta con una mayoría del 60%, es imprescindible señalar que el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo frente a la emergencia habitacional prácticamente en solitario: ha aportado 850 viviendas a la Mesa de Emergencias (el 75% del total aportado, con una deuda de la Generalitat de más de 1.000), ha captado más de 1.500 viviendas en el mercado privado y actualmente está construyendo unos 2.300 viviendas más que ya se encuentran en diferentes fases de obras, por poner solo tres ejemplos. Como resumen de este esfuerzo municipal, la vivienda asequible que gestiona actualmente el Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) se sitúa en unos 10.000 viviendas, muy por encima de las cerca de 7.000 que gestionaba en el año 2015. En paralelo, también ha alcanzado niveles récord el esfuerzo inversor para luchar contra las formas de exclusión residencial más extrema, con más plazas disponibles que nunca. Barcelona dispone ahora de unas 2.800 plazas para personas sin hogar, contando tanto las que son de titularidad municipal como aquellas de las más de treinta entidades que forman parte de la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL), una cifra que es la más alta de toda la serie histórica y representa alrededor de 500 plazas más que antes de la aparición de la Covid-19. De hecho, durante los últimos meses se han inaugurado equipamientos concretos que no existían antes, como son la Casa de Oportunidades, La Semilla, La Violeta o el equipamiento para personas sin hogar con adicciones. Cabe recordar igualmente que los Servicios Sociales han sido reconocidos recientemente con las Medallas de Honor de Barcelona 2021 por su tarea imprescindible en la lucha contra la Covid-19 como servicios esenciales, en un contexto nada sencillo en el que también se están profundizando en procesos más de fondo para repensar la atención social desde una óptica más comunitaria y con una mayor implicación territorial. Buena muestra de ello son las jornadas 'Repensar los servicios sociales. Barcelona ante las crisis' que se celebraron el pasado mes de diciembre para debatir en torno a la función de los servicios sociales, sus posibilidades, su capacidad de innovación y también sus límites. También lo es la Medida de Gobierno 'Acción Social: territorio, participación y comunidad' presentada hace pocas semanas, y que entre otras acciones concretas supone que los 39 Centros de Servicios Sociales que hay distribuidos por toda la ciudad preguntarán de manera sistemática y periódica a las personas usuarias sobre la atención recibida. La organización de estos grupos focales es un primer paso para introducir la participación de las personas usuarias de los servicios sociales y, de esta manera, mejorar la detección de posibles carencias, aumentar la calidad de los servicios y conocer la valoración de las políticas aplicadas.