El pasado 9 de septiembre el Parlamento de Cataluña aprobó una ley para tratar de regular el precio del alquiler de la vivienda en el territorio. Este cambio impulsado por varias asociaciones tiene por objetivo evitar las subidas de la renta excesivas y sobre todo quiere impactar en Barcelona, uno de los lugares donde los precios se han disparado más en los últimos años.
Pasados unos meses, organizaciones como el Sindicato de Inquilinos han señalado a través de sus redes sociales que muchos arrendadores, inmobiliarias y administradores de fincas están incumpliendo la normativa.
"Obvian la ley o hacen trampas para esquivarla y continuar obteniendo ganancias rentistas a costa de unos precios abusivos", explican desde el colectivo. "Una de las formas que tienen de hacerlo es obviando información obligatoria en los anuncios de pisos y subiendo el precio de los alquileres", añaden.
Se refieren a tres tipos de estafas muy extendidas, la primera de las cuales es no actualizar los precios de los pisos según el índice de referencia. Asimismo, todo anuncio de alquiler debería indicar "el importe de la renta del último contrato de arrendamiento" y muchos anuncios no lo tienen. Por último, en muchos anuncios se menciona la superficie construida de la vivienda cuando la superficie que debería aparecer es la útil, es decir "tal como se indica en la cédula de habitabilidad".
