El dispositivo de patrullas conjuntas de Policía Local y Mossos d’Esquadra contra la reincidencia delictiva ha detenido a 6 personas con requerimientos judiciales pendientes. Se ha informado durante la Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana, presidida por el alcalde David Bote, y que ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto; del Director General de Mossos, Pere Ferrer, y la directora general de Administración de Seguridad, Sònia Andolz.
Durante las cuatro primeras semanas de funcionamiento de este dispositivo conjunto, las patrullas mixtas han realizado 500 identificaciones preventivas que han comportado la detención de estas 6 personas que tenían órdenes judiciales pendientes; 90 intervenciones de sustancias estupefacientes y 10 de objetos considerados peligrosos (bates de béisbol, puños americanos, armas blancas...). Estos decomisos han ido acompañados de las correspondientes denuncias administrativas.
Las patrullas conjuntas están formadas por cuatro agentes motorizados, dos de Policía Local y dos de Mossos d’Esquadra. Se trata de unos operativos preventivos que trabajan de manera intensiva sobre los espacios públicos poniendo el foco en localizar personas con un perfil delictivo.
Además de este dispositivo, la colaboración de los diferentes cuerpos policiales también se lleva a cabo con varios operativos interpoliciales en los que toman parte Policía Local, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional. En el marco de estos dispositivos, a lo largo de 2022 se han realizado 44 inspecciones y 279 identificaciones que han comportado 31 detenciones por incumplimiento de la Ley de Extranjería y 6 por órdenes judiciales pendientes; 13 denuncias por tenencia de drogas y 3 por posesión de armas.
A estas herramientas operativas se suma el trabajo de análisis orientado a la resolución de problemas de la Unidad de Civismo y Convivencia (UCC) de la Policía Local, que focaliza su tarea en atender y resolver las problemáticas de seguridad que requieren una intervención planificada y especializada. Estos agentes actúan como interlocutores con el tejido social y cultural de los barrios, y también hacen de enlace con los servicios del Ayuntamiento para garantizar una respuesta coordinada e integral en aquellos casos en que es necesaria la actuación de diferentes departamentos municipales.
Las ocupaciones, a la baja
La Junta Local de Seguridad también ha certificado la tendencia a la baja de las usurpaciones de inmuebles en la ciudad en el segundo semestre del año pasado. Durante 2022 se han registrado 385 denuncias penales por ocupaciones (la mayoría se presentaron entre enero y junio, y solo un 32% se han presentado en los últimos seis meses). A lo largo del año pasado, la Policía Local consiguió frustrar 192 usurpaciones, muchas gracias a la colaboración de la ciudadanía en la detección y denuncia de estos hechos.
Mataró inició la lucha contra las ocupaciones en 2016 y desde entonces se ha ido trabajando en el ámbito político y en el ámbito técnico para encontrar soluciones a este problema que genera inseguridad y rompe la convivencia en la ciudad.
Entre las herramientas que han permitido invertir la tendencia al alza de las ocupaciones se encuentra la tarea preventiva que ha realizado la Unidad de Civismo y Convivencia (UCC) de la Policía Local para conseguir que los propietarios de inmuebles vacíos los protejan instalando alarma y puerta blindada; la celebración de juicios inmediatos por la vía penal que contemplan el desalojo como medida cautelar (se pueden realizar si la propiedad ha denunciado la usurpación y todas las partes están identificadas); y la aplicación del protocolo municipal que permite decretar el desalojo administrativo del inmueble en aquellos casos en que se detecta riesgo energético, sanitario o estructural (este protocolo ha permitido desalojar 105 inmuebles –pisos, casas, locales, naves industriales y solares- desde 2020).
En cuanto a la vertiente política, los últimos pasos que se han dado han sido la reclamación de los municipios del Arco Metropolitano a los grupos del Congreso, a quienes pidieron el apoyo a la futura Ley que debe permitir desalojar una ocupación en 48 horas, y la aprobación en Junta de Portavoces de una Declaración institucional para pedir más herramientas para luchar contra las ocupaciones.
Plan Director de videovigilancia
Hoy también se ha puesto en conocimiento de la Junta Local de Seguridad que ya se ha adjudicado el contrato para la instalación de las cámaras en la vía pública previstas en el Plan Director de videovigilancia, con el objetivo de mejorar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad en la gestión de la seguridad ciudadana y del tráfico.