La Policía Municipal de Sabadell ha evitado cerca de un centenar de ocupaciones entre enero y agosto de este año. La cifra incluye tanto ocupaciones en caliente, es decir, cuando alguien acaba de acceder a una vivienda, como tentativas, esto es, cuando se está intentando entrar en el inmueble. La cifra confirma el incremento de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años para evitar ocupaciones conflictivas en la ciudad, así como los problemas de convivencia e incivismo que se derivan.
Así, por ejemplo, en 2016 se evitaron 23 ocupaciones y al año siguiente solo 16. En 2020, la cifra sube hasta las 43 y en 2021, llega a las 42.
En términos globales, entre julio de 2019 y junio de 2023, se contabilizaron unas 220 ocupaciones evitadas, es decir, 3,5 veces más que en el mandato anterior (entre junio de 2015 y junio de 2019 se habían evitado solo 63).
A todo esto hay que añadir que durante el año pasado y hasta agosto de este 2023 se han registrado 75 tentativas de ocupación, ante las cuales la Policía Municipal también ha actuado (antes no se tenían datos de tentativas).
La acción del cuerpo local se ha reflejado en la incidencia de las ocupaciones en la ciudad. Si en el mandato 2015-2019, las viviendas ocupadas en Sabadell subieron un 73%, entre 2019 y 2023 este aumento ha sido solo de un 9,9%. De hecho, en 2022, el incremento de viviendas ocupadas fue tan solo de un 1,7% respecto al año anterior. Y entre enero y junio de 2023, esta cifra se ha reducido en una quincena de viviendas.
Todo un conjunto de medidas
Ante las ocupaciones conflictivas, y además de la actuación policial, el Ayuntamiento ya ha comprado el primer bloque de pisos con este tipo de ocupaciones para promover el desalojo en los casos que proceda y destinar las viviendas al alquiler o a la emergencia social.
Además, se trabaja con Fiscalía y con la judicatura para potenciar la coordinación y facilitar las intervenciones, siempre de acuerdo con el marco legal.
Asimismo, y en el marco de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano, se han reclamado medidas contundentes a las administraciones superiores, los cambios legales necesarios y más apoyo a los municipios en la lucha contra las ocupaciones conflictivas.
