El juzgado ha decidido suspender hasta nueva fecha el desahucio de la Macarena, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, que estaba previsto para este jueves. El anuncio lo ha hecho Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, mientras cerca de un centenar de personas se concentraban en la calle d’Otger, donde vive la mujer, para intentar evitar el lanzamiento.
Después de conocer la resolución, Aragonès ha explicado en una atención a los medios que el juzgado ha aceptado aplazar el desalojo después de que el equipo jurídico del sindicato reclamara la suspensión en aplicación del nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros, conocido como 'decreto Maricarmen'. De momento, no hay nueva fecha fijada.
"Es el primer caso en que tenemos constancia de que esto haya pasado", ha dicho Aragonès sobre la suspensión pedida amparándose en este decreto.
Según han señalado los Mossos d’Esquadra, la comitiva judicial no ha llegado a presentarse y el dispositivo policial previsto para el desahucio se ha anulado. Cuando se ha confirmado la suspensión, las personas concentradas lo han celebrado y después se han desplazado hacia otro barrio para impedir otro desahucio.
Isabel Rodríguez: "el primero de muchos"
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha reaccionado a la noticia en un mensaje en las redes sociales. Según ha escrito, este caso será "el primero de muchos". Su publicación llega el día antes de la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso.
El segundo intento de desahucio de la Macarena
El de este jueves era el segundo intento de desahucio de la Macarena. Ya había habido un primer intento el 16 de julio, cuando miembros del Sindicat de Llogateres y del Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu se concentraron delante de la vivienda y evitaron que el lanzamiento se llevara a cabo.
Según el Sindicat de Llogateres, la Macarena se encuentra en una situación de vulnerabilidad, no dispone de una alternativa residencial y tiene un diagnóstico de salud mental. Por ello, el miércoles el sindicato pidió un incidente de suspensión del desahucio en aplicación del Real decreto ley 26/2026, que amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección ante determinados desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.
Fuentes del Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu han explicado que la Macarena no tiene ingresos actualmente porque se le ha agotado el paro y que desde 2024 no paga el alquiler. Según estas mismas fuentes, vive en el piso desde 2017, después de acordar verbalmente una renta de 750 euros con la propiedad, un pequeño propietario. El pago, sin embargo, se hacía sin contrato y en efectivo.
El Sindicat de Llogateres señala que, con los años siguientes, la propiedad le fue subiendo el alquiler. En 2024, según las mismas fuentes, ella pidió formalizar la relación contractual, pero la propiedad lo rechazó. "A partir de aquel momento, comenzó un periodo de acoso y chantaje para conseguir que abandonara la vivienda", indican.
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