Un juzgado de Barcelona denegó hace dos semanas la petición de la Fiscalía de apartar de sus dos hijos menores a la mujer asesinada este martes en el distrito de Sant Martí presuntamente a manos de su pareja.
El procedimiento judicial se había abierto a principios de julio a raíz de una denuncia del padre contra la mujer por presuntos malos tratos a los hijos. Ante esta situación, el ministerio público pidió una orden de protección para los menores y medidas para buscar una alternativa residencial para la madre. El juez, sin embargo, lo rechazó.
La Fiscalía presentó un recurso de apelación contra esta decisión, pero aún no se había resuelto cuando se produjo el crimen. El martes, el hombre apuñaló mortalmente a la mujer en el piso donde vivían y donde también estaban los dos menores. Después huyó en coche, lo abandonó y finalmente se entregó a los Mossos d’Esquadra.
La Fiscalía dice que quería proteger a los menores
En un comunicado, la Fiscalía de Barcelona ha expresado su repulsa por el crimen y ha trasladado su solidaridad a la familia y amistades de la víctima, especialmente a los dos hijos.
El ministerio público explica que el procedimiento iniciado en julio investigaba una denuncia del padre contra la madre por “presuntos episodios de violencia ejercida por la madre sobre los dos hijos menores de edad”. Por este motivo, en aquel momento no se investigaban otras formas de violencia en el ámbito de la pareja, y la actuación de la Fiscalía se orientó a la protección de los niños.
La sección especializada en la protección de personas vulnerables hizo una valoración propia de los indicios y consideró que había elementos que aconsejaban adoptar medidas cautelares. Según el comunicado, la preocupación no se centraba solo en los hechos denunciados, sino también en evitar que los menores continuaran expuestos a un contexto familiar que podía ser perjudicial para su seguridad y desarrollo.
Recurso pendiente cuando se produjo el crimen
Por ello, la Fiscalía solicitó una orden de protección a favor de los menores y medidas para facilitar una alternativa residencial para la madre, con el objetivo de preservar a los niños de una situación de convivencia que consideraba preocupante mientras continuaba la investigación judicial.
La autoridad judicial no estimó procedente adoptar estas medidas. Ante esta decisión, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación, manteniendo que persistía una situación de riesgo para los menores que justificaba una respuesta cautelar. Este recurso aún no se había resuelto cuando se produjo el asesinato de la mujer en Sant Martí.
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