Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, por un delito urbanístico y uno de malversación por las 'superillas' o ejes verdes del Eixample, según ha podido saber la ACN.
La querella la interpusieron el arquitecto jefe del consistorio en la época del alcalde Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, a los pocos días de que la fiscalía archivara las denuncias de los mismos querellantes y la plataforma Salvem Barcelona.
Reclaman la paralización cautelar de las obras para "evitar la plena consumación" de los delitos y por los perjuicios que se pueden causar, que cifran en más de 100 millones de euros.
Hasta el momento, el magistrado solo ha aceptado a trámite la querella y ha pedido cierta documentación, pero aún no ha fijado ninguna fecha para ninguna declaración de investigados o testigos. Tampoco ha dictado ninguna medida cautelar.
En el escrito, recalcan que se trata "de una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como a comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los mismos domicilios de servicios básicos". A su parecer, también afecta al erario público, "porque solo el concepto de arranque del asfalto y su eventual reposición" supondría unos gastos de 100 millones de euros.
La querella también se dirige, de forma general, contra todos los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento que votaron a favor de la aprobación definitiva de los proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados con los ejes verdes del Eixample en la sesión del 26 de mayo de 2022, a menos que hubieran efectuado reserva al emitir su voto sobre la legalidad de los acuerdos. En este aspecto, se añade a los funcionarios que hayan informado favorablemente con informes técnicos sobre las superillas.
Acebillo y los dos abogados aseguran en el texto que para la realización de una ordenación de este espacio público, en la forma establecida por estos ejes, es necesaria previamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM). En la querella se expone que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó unos acuerdos sobre "proyectos ejecutivos de reurbanización del ámbito alrededor de la nueva plaza situada en el cruce de los nuevos ejes verdes", que hacían referencia a la calle Consell de Cent, entre la calle Vilamarí y el paseo de Sant Joan, así como a otras calles transversales entre la Diagonal y la Gran Via, una operación integrada en el 'Programa Superilla Barcelona'. A través de estos acuerdos, relata, "se están transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad".
El escrito añade que se está promoviendo "un cambio radical en la vialidad y en el sistema de movilidad" en el centro de la capital catalana, "eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas". A pesar de esta trascendencia y "su evidente impacto" en las personas, bienes y negocios, este proyecto se ha tramitado como si "se tratara de simples obras ordinarias de urbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que esta decisión tiene" y que "obligaban a una previa o simultánea modificación del planeamiento urbanístico vigente, concretamente del PGM". Recalcan que la actuación municipal también "contraviene" la ley del suelo que reserva a los PGM el "trazado y las características de la red viaria".
Además, critican la decisión de la fiscalía de archivar las diligencias de investigación que se abrieron a raíz de su denuncia y exponen que el ministerio público "se ha limitado durante 10 meses de supuesta tramitación" a "efectuar una pseudoindagación jurídica", pidiendo al mismo Ayuntamiento de Barcelona, en concreto a Janer Sanz, que informara sobre las razones que motivaban la implantación de las 'superillas' del Eixample. "Es decir, que en lugar de recibirle declaración en condición de denunciada, el fiscal le pide que elabore un informe jurídico, que evidentemente no da ninguna explicación, no es otra cosa que un alegato autoexculpatorio", lamenta. La fiscalía también pidió un informe a la Generalitat.
