El Ayuntamiento de Terrassa ha anunciado la apertura de un expediente informativo contra Mediterranea de Catering SLU, empresa responsable del servicio de comedor en los centros educativos públicos de la ciudad. Diversas inspecciones realizadas por el consistorio han puesto al descubierto, con rigor, una serie de irregularidades que comprometen la calidad de las comidas servidas a los estudiantes.
Entre las deficiencias identificadas se encuentran la utilización de ingredientes inadecuados, raciones que no cumplen los gramajes recomendados, así como una insuficiente aportación proteica en determinados menús. Además, se han detectado problemas relacionados con el mantenimiento de los equipos y la reposición de utensilios básicos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.
Incumplimientos en transparencia y control documental
El consistorio también ha constatado irregularidades en cuanto a las obligaciones administrativas impuestas a la empresa concesionaria. En este sentido, destaca la falta de entrega de información esencial sobre las compras efectuadas, especialmente referente a los productos ecológicos, así como datos incompletos respecto a la asistencia durante el curso escolar 2025-2026.
El Servicio de Educación municipal ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo en colaboración estrecha con las direcciones de los centros educativos y las familias, hecho que ha sido clave para detectar estas deficiencias. Desde el mes de mayo de 2025, el Ayuntamiento cuenta con una figura técnica específica encargada del control de los comedores escolares; esta persona realiza visitas periódicas a los diferentes centros y efectúa inspecciones directas para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.
Procedimiento sancionador y intensificación del control
A partir de los informes derivados de estas inspecciones, el Ayuntamiento ha decidido iniciar un expediente informativo para determinar el alcance concreto de los incumplimientos detectados y exigir responsabilidades a Mediterranea de Catering SLU. La empresa dispondrá de un plazo de audiencia de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que se tomen medidas definitivas.
Asimismo, se ha anunciado que se reforzará el control diario sobre el servicio proporcionado en todos los centros educativos donde opera esta concesionaria para asegurar su correcta ejecución.