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Un juzgado de Barcelona ha citado a declarar como investigada a una médica de un hospital privado por la presunta discriminación sufrida por un paciente cuando se expresó en catalán en una visita a urgencias.
La mujer dijo que no atendería al hombre si no le hablaba en castellano. La providencia da cumplimiento a la orden de la Audiencia de Barcelona, que revocó el archivo inicial y exigió investigar los hechos.
El paciente, víctima de la presunta agresión lingüística, declarará el mismo día, el 1 de diciembre, según ha informado Acció Cassandra.
Según Lluís Gibert, presidente y abogado de Acció Cassandra, "se trata del primer caso conocido en que un profesional médico es citado judicialmente como investigado en una causa penal por haber presuntamente condicionado la asistencia a que el paciente dejara de hablar catalán".
Para la entidad, la relevancia estratégica radica en el hecho de que la denuncia supera el archivo inicial y se traduce en una investigación efectiva sobre la posible responsabilidad penal de la facultativa.
La plaza 17 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Barcelona ha acordado expresamente tomar declaración a la médica de la antigua Clínica Diagonal, ahora Diagonal Hospital, de FIATC, en calidad de investigada.
La Audiencia estimó el recurso por unanimidad, a pesar de la oposición de la fiscalía, y consideró que el archivo había sido prematuro y carente de una motivación suficiente. El tribunal señaló que no se podía descartar una infracción penal sin investigar y consideró imprescindibles las declaraciones del paciente y de la denunciada.
Los hechos denunciados se remontan al 2 de junio de 2025. Gerard Insa acudió a urgencias de la Clínica Diagonal de Esplugues de Llobregat por una lesión en el hombro. Según la denuncia, la médica le habría dicho, en castellano: "Si no me hablas en español, no te atenderé".
El paciente aclaró que no exigía que ella hablara catalán y pidió otro profesional si no la entendía. Finalmente, la exploración se hizo con la intermediación del padre, que hablaba en castellano con la facultativa.
La acusación plantea que los hechos pueden constituir delitos contra la integridad moral, de odio o de denegación discriminatoria de una prestación, pendientes de la calificación que corresponda a partir de la investigación.
Para Acció Cassandra, el caso no se limita a una reclamación sobre la lengua de atención. Lo que se lleva ante la jurisdicción penal es un "posible trato humillante y discriminatorio contra un miembro de la minoría nacional catalana, manifestado a través de la lengua y producido en un momento de necesidad de asistencia médica". Esta es la dimensión que la entidad considera estratégica: conseguir que se investigue si una conducta de estas características puede comportar responsabilidad penal, más allá de las vías administrativas de protección lingüística.
