Agentes de la Guardia Urbana, de la Guardia Civil y del Cuerpo de la Policía Nacional, llevaron a cabo el pasado 2 de diciembre un dispositivo de inspecciones en supermercados ubicados en diferentes distritos de Barcelona, detectándose 24 delitos de defraudación de fluido eléctrico y un amplio abanico de infracciones administrativas. En el dispositivo también participaron funcionarios de Inspección de Trabajo y técnicos de ENDESA.
En total se inspeccionaron 26 establecimientos de tipo supermercados, algunos de ellos abiertos al público las 24 horas, y en la mayoría de los casos franquiciados, bajo la sospecha de que podían estar defraudando fluido eléctrico mediante el uso de conexiones ilegales a la red general.
Los establecimientos estaban localizados en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella.
La operación, bajo el nombre de ‘NIHARI’, contó con la participación de 66 agentes de la Guardia Civil, 35 de la Guardia Urbana de Barcelona, 12 de la Policía Nacional, así como 11 subinspectores de Trabajo y Seguridad Social coordinados por una inspectora y 33 técnicos de ENDESA.
LUZ INTERMITENTE Y NUMEROSAS INFRACCIONES
Por parte de los técnicos de ENDESA quedó acreditado que 24 de los 26 establecimientos disponían de manipulaciones en la red eléctrica para obtener electricidad directamente de la red general, evitando así gastos energéticos. Esta constatación supuso la investigación por parte de la Guardia Civil de 26 personas como presuntos autores de delitos de defraudación de fluido eléctrico.
Se estima en 2,85 millones de kilovatios el volumen energético defraudado por los investigados, cantidad equivalente al consumo de 814 viviendas durante todo un año.
Estas instalaciones eléctricas irregulares suponen, además, un grave riesgo para la seguridad, ya que las conexiones se realizan sin las protecciones ni las revisiones técnicas obligatorias.
Las sobrecargas, la ausencia de aislamiento adecuado y la manipulación de cuadros eléctricos pueden provocar cortocircuitos y originar incendios. Este peligro se agrava porque muchos de estos locales están situados en bajos comerciales de edificios de viviendas, con una elevada afluencia de personas y la proximidad de garajes, trasteros y zonas de almacenamiento, por lo que un incendio podría afectar directamente a vecinos y clientes.
Por parte de la Guardia Civil, además de la instrucción de diligencias por los presuntos delitos de defraudación de fluido eléctrico, se incoaron 16 expedientes de denuncia por contrabando, etiquetado erróneo en productos a la venta, ausencia de indicaciones sobre videocámaras (protección de datos), falta de datos del empresario en los tickets de venta, seguridad alimentaria (productos caducados), alteración del pesaje de las básculas, incumplimiento de medidas sanitarias contra el tabaquismo y ausencia del carnet de manipulación de alimentos.
La Guardia Urbana de Barcelona detectó 87 infracciones relacionadas con la seguridad, la higiene y el cumplimiento normativo. Entre las deficiencias descubiertas se incluyen problemas en las salidas y señalización de emergencia, falta de extintores, lavabos impracticables, ausencia de carteles obligatorios, venta de alimentos caducados o en mal estado, exposición indebida de bebidas alcohólicas y ejercer la actividad comercial sin licencia, entre otras.
La Policía Nacional, en materia de extranjería, identificó a 59 ciudadanos, de los cuales se determinó que cinco eran víctimas de explotación laboral –víctimas de delitos contra el derecho de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros–, instruyéndose diligencias y iniciándose una investigación para aclarar la responsabilidad de los empleadores de estas personas.
De los identificados por la Policía Nacional, otros cinco eran extranjeros en situación irregular, sin ninguna autorización para residir o trabajar en España, iniciándose expedientes por la Ley de Extranjería que podrían implicar órdenes de expulsión y sanciones por parte de Inspección de Trabajo a las empresas que los tenían contratados.
En todos los establecimientos con conexión irregular se procedió al corte del suministro eléctrico y se trasladó a los servicios técnicos del Ayuntamiento la información necesaria para proceder, si procede, al control y destrucción de los alimentos e impedir su introducción en los canales de distribución alimentaria.
Los subinspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones han detectado, hasta ahora, 23 infracciones en materia de su competencia.
