El pleno de Martorell ha dado luz verde este lunes por la noche a una modificación de la ordenanza municipal que veta llenar garrafas, botellas o cualquier recipiente en las fuentes públicas. La nueva normativa, impulsada por el gobierno de Junts y PSC —que tiene mayoría absoluta— prevé multas de hasta 750 euros para quien incumpla la prohibición.
El consistorio también ha aprobado otro cambio que penaliza con sanciones de entre 751 y 1.500 euros la colocación de carteles o pancartas en espacios no autorizados, como paredes, farolas o marquesinas de autobús
La decisión ha encendido los ánimos de una plataforma vecinal, la Alianza por el acceso al agua, que está recogiendo firmas contra unas medidas que considera que “castigan a las personas más vulnerables”. La entidad denuncia que las fuentes de la ciudad llevan semanas cerradas y que el nuevo veto es “un paso más allá” injustificado. Recuerdan que el agua de las fuentes la paga la empresa concesionaria y que, según afirman, no ha habido ningún incidente ni problema de orden público relacionado con el uso de garrafas
La plataforma acusa al gobierno local de querer “estigmatizar a las familias humildes” e interpreta la medida como un movimiento político ante el debate abierto en el municipio sobre las ocupaciones de viviendas. “El acceso al agua es un derecho humano fundamental, no un privilegio”, expresan en un manifiesto.
Las entidades piden la reapertura inmediata de todas las fuentes públicas, la retirada de la modificación de la ordenanza y el inicio de un proceso participativo con el vecindario y el tejido asociativo. “No aceptaremos que se penalice a quien ya vive en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento debe garantizar soluciones y no generar más exclusión”, concluyen.
