La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un subinspector de los Mossos d'Esquadra de Vilanova i la Geltrú juzgado por supuestamente haber colaborado con una banda de narcotraficantes. En el llamado 'caso Macedonia', iniciado en 2009, el subinspector y 16 acusados más se enfrentaban a penas de hasta diez años de prisión. No obstante, el tribunal ha absuelto a buena parte de los encausados, incluido el Mosso d'Esquadra. La acusación en este caso era por organización criminal, tráfico de drogas, soborno, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y tenencia ilícita de armas, con la atenuante de dilaciones indebidas.
El tribunal ha condenado a ocho de los 17 acusados a penas de entre un año y medio y dos años y medio de prisión por tráfico de drogas, con multas de 2.600 a 35.000 euros. A tres acusados los ha condenado a medio año de prisión por tenencia ilícita de armas. A todos se les ha reconocido la atenuante de dilaciones indebidas. En cambio, el tribunal ha absuelto a los 17 acusados del delito de organización criminal y soborno. A uno de los principales acusados, el confidente policial, Manuel Gutiérrez Carbajo, lo han absuelto de todos los delitos. Además, Ranea también ha sido absuelto de los delitos de tráfico de drogas y de revelación de secretos.
La fiscalía pedía hasta once años de prisión para uno de los cabecillas de la banda, un antiguo confidente policial, y diez y medio para el subinspector de los Mossos d'Esquadra y exnúmero 2 de la comisaría de Vilanova i la Geltrú. Cinco de los 17 acusados aceptaron la pena pactada con la fiscal.
Según la fiscalía y los investigadores de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos que investigaron el caso, buena parte de los acusados se dedicaban al tráfico de drogas, sobre todo cocaína, marihuana y hachís, y obtenían información policial privilegiada de algún agente a cambio de sobornos. La investigación, iniciada en 2009 creció y llegó a varios juzgados. Algunas piezas, que también afectaron a la Policía Nacional y la Guardia Civil, han acabado archivadas, otras están pendientes de juicio y algunas ya tienen sentencia.
Los dos máximos responsables de la DAI encargados del caso explicaron que mientras investigaban a un grupo de traficantes, que legalmente se dedicaban a la compra y venta de vehículos, descubrieron que tenían contactos con el subinspector Ranea, que era el número 2 de la comisaría de Vilanova i la Geltrú, y un cabo. Éste dice que tenía algunos contactos con ellos como confidentes, pero lo que les pareció extraño es que el policía daba más información a los confidentes que a la inversa. Además, los traficantes le pedían favores como quitar multas, información sobre vehículos o sobre detenciones. Incluso uno de los sospechosos pidió al subinspector que le ayudara a entrar en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cosa que no consiguió.
Durante el macrojuicio, que duró varias semanas, policías nacionales, guardias civiles y mossos de la DAI reafirmaron las acusaciones, mientras que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y un exresponsable anticorrupción de la policía catalana defendieron al subinspector de Vilanova y criticaron la investigación judicial.
El tribunal ha excluido diversas pruebas por vulneración de derechos fundamentales, como varias llamadas telefónicas intervenidas y registros domiciliarios. También se han anulado las declaraciones que hicieron varios detenidos en comisaría, porque las detenciones duraron más de las 72 horas legales, se les mantuvo incomunicados y declararon sin conocer ninguna acusación concreta. Finalmente, los magistrados han anulado la declaración que un testigo protegido hizo durante la instrucción de la causa. El hombre cayó en contradicciones y durante la vista oral del juicio no quiso volver a declarar.
