El Gobierno recibirá más de 500 millones de euros para el servicio de Cercanías a raíz del acuerdo entre el PSOE y ERC para el traspaso de Cercanías ya este 2024, según las cifras con las que trabaja el departamento de Territorio y a las que ha tenido acceso ACN. Así, el Estado asume la totalidad de los conceptos que la Generalitat había pedido. El principal pago será el del déficit tarifario, que desde el traspaso de 2010 nunca se había transferido a la Generalitat, sino directamente a Renfe, y que en 2022 fue de 335 millones. Asimismo, el Gobierno recibirá toda la deuda generada por el Plan de Acción, es decir, las mejoras realizadas desde el traspaso, que suma 132,7 MEUR, incluyendo 80 millones que una sentencia reciente exigía a la Generalitat que pagara a Renfe.
En concreto, el Plan de Acción sirvió para alargar hasta Arenys 52 servicios que terminaban en Mataró, incorporar nuevos servicios entre Barcelona y el Aeropuerto, mejorar las frecuencias entre Barcelona y Terrassa de la R4, Cercanías de Tarragona, Cercanías de Girona, la integración tarifaria en Lleida o el combinado Cercanías con alta velocidad. El Gobierno pagó durante años el Plan de Acción, pero dejó de hacerlo porque se quejaba de que en otras comunidades el Estado lo pagaba directamente. A raíz de esto, el Tribunal Superior de Justicia (TJSC) condenó recientemente a la Generalitat a pagar 80,9 millones a Renfe por los atrasos. Ahora, este dinero lo asumirá el gobierno español.
Otro de los puntos de conflicto entre el Gobierno y el ejecutivo español era el incremento de cánones, es decir, del dinero que pagan los operadores por utilizar las vías que son de Adif. El pacto establece que el Estado pagará íntegramente los aumentos de cánones aprobados en 2017. En 2021 y 2022, según los cálculos de Territorio, los cánones eran de 27 millones cada año, y el Gobierno se había negado a pagarlos. La mitad de este dinero se incluye dentro de los 132 millones que se pagarán en concepto del Plan de Acción, y el resto se abonará aparte. El pacto entre PSOE y ERC también prevé que el Estado asuma el coste de la duplicación de los servicios en las Cercanías de Lleida, que es de 1,8 millones, y el de los de Manresa. Todo ello asciende a 4 millones más.
Otro de los elementos acordados es que el Estado asuma el dinero que cuesta aumentar los servicios cuando hay cortes de líneas por obras o incidencias. Solo este 2023, el Gobierno ya había reclamado más de 6 millones de euros por incrementos de servicios, como por ejemplo los buses extra que se pusieron a disposición de los usuarios por la avería de Gavà, por las obras del corredor mediterráneo o por el corte de la R3. Todo este dinero, que Territorio confía en recibir en el primer trimestre de 2024 de acuerdo con lo pactado entre PSOE y ERC, está aparte de los que se puedan cobrar por el traspaso de las vías. El documento acordado entre ambas formaciones establece que se creará una comisión para evaluar qué vías se traspasan -el plan inicial son algunos tramos de la R1, la R2 y la R3- y con qué impacto económico.
El Gobierno, a estas alturas, desconoce el estado exacto de las vías y las catenarias, y por tanto, no se pueden estipular el dinero que se debería recibir para su traspaso. Las cifras, apuntan desde Territorio, se tendrán que trabajar en la comisión prevista en el pacto entre ERC y PSOE.
