El Gobierno Municipal de Sant Andreu de la Barca propondrá al Pleno Municipal de la próxima semana incrementar el IBI un 10% para evitar entrar en quiebra económica en 2024. De cara a la previsión presupuestaria del próximo año, el Ayuntamiento debe hacer frente a unos intereses y amortizaciones de préstamos solicitados durante el período 2015-2023 (10 millones de euros) que ascienden hasta los 500.000€ de más de lo que se pagaba hasta ahora. Además, debe hacer frente al incremento de precio de los contratos pactado en el mandato anterior con las empresas que dan servicios al Ayuntamiento que suma unos 340.000€ más. A estos 840.000 € hay que añadir la subida de los salarios de los trabajadores y trabajadoras públicos propuesto por el gobierno español que se prevé de un 2%, lo que significa añadir otros 340.000€ en el capítulo de nóminas. El aumento de los precios de la energía también se deberán sumar a esta cifra superando 1,2 millones de euros de incremento del gasto para el presupuesto de 2024.
En los últimos cuatro años ha habido un incremento generalizado de los gastos con un aumento del IPC del 16%, de los salarios del personal de la administración pública de un 10% (aprobado por el gobierno español) y de un 4,5% en los tipos de interés.
Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, “se llega a esta situación económica porque en los últimos 4 años los ingresos ordinarios del Ayuntamiento no han aumentado en la misma proporción que los gastos ordinarios. El gobierno anterior no ha aprobado los incrementos de tasas e impuestos locales que asegurasen una sólida base financiera para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento, mejorar los servicios esenciales y de mantenimiento de la ciudad e impulsar políticas transformadoras”.
“En el período 2019-2023 el gobierno municipal incrementó el IBI sólo un 2%, la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento, y se optó por depender de ingresos variables que no se aseguran de un año a otro como la participación en los ingresos del estado, las licencias de obras, que van ligadas a la actividad económica e inmobiliaria, las subvenciones de otras administraciones, sobre todo de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona”.
Un remanente menguante de 8,8 millones de euros
Según el alcalde Giribet, “el gobierno anterior ha mantenido la práctica durante el mandato 2019-2023 de aprobar unos presupuestos que no recogían los incrementos de gasto que se generaban al año siguiente, de manera que no era necesario aplicar ningún incremento de ingresos a través de las tasas o impuestos municipales y con posterioridad hacer una modificación del presupuesto para destinar una parte del remanente de tesorería para cubrir los incrementos de gasto no incluidos en el presupuesto”.
Los 8,8 millones de euros de remanente de tesorería que había en 2021 se utilizaron 5,5 millones de euros en 2022:
- 2,8 millones de euros se utilizaron para pagar compromisos de gasto adquiridos como retribuciones, facturas de servicios, compras y actividades.
- 1,3 millones de euros para financiar el capítulo I del personal, los servicios de recogida de basuras y punto limpio, prestaciones sociales y la Fiesta Mayor.
- 1,2 millones de euros a amortizar préstamos para reducir la carga financiera.
- 200.000 euros para financiar la empresa SAB Urbà.
Del remanente de tesorería de 2022 (4,3 millones de euros) se utilizaron 2,4 millones de euros para destinarlos a compromisos de gasto adquiridos.
Las previsiones de los servicios económicos del Ayuntamiento son acabar el ejercicio presupuestario de 2023 sin remanente de tesorería porque no se cumplirán las previsiones de ingresos y, por tanto, se cerrará en negativo, lo que supone que no se podrá financiar ningún gasto de 2024 con estos recursos.
Esta situación financiera del Ayuntamiento, la no disposición de remanente de tesorería y el hecho de que no se puedan pedir créditos para pagar gasto ordinario del Ayuntamiento, obliga a recurrir al incremento de las ordenanzas fiscales.
Marc Giribet ha remarcado que “por responsabilidad política, el Gobierno Municipal no puede llevar al Ayuntamiento a una quiebra económica que comportaría estar bajo la tutela financiera de la Generalitat y aprobar un Plan de Saneamiento que consiste en primer lugar, pagar los créditos bancarios, pagar las nóminas del personal fijo y pagar los contratos de las empresas que dan los servicios obligatorios al Ayuntamiento. Y en segundo lugar recortar, e incluso eliminar, ayudas que reciben los santandreuenses y las santandreuenques, así como entidades, servicios no obligatorios y despedir personal temporal”.
También ha añadido que se suma “a las reclamaciones hechas por los alcaldes y alcaldesas de la Asociación Arco Metropolitano que exigen modificaciones legales urgentes al Estado y a la Generalitat de Catalunya para poner remedio a las carencias de financiación local. Con estos cambios evitaríamos trasladar las necesidades de financiación del Ayuntamiento para garantizar la calidad de los servicios públicos a nuestras vecinas y vecinos”.