El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado a Endesa una deuda de 3 millones de euros relacionados con tasas impagadas entre los años 2011 y 2015. El concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, ha detallado que la cifra es fruto de una auditoría interna sobre todos los suministros de la ciudad. Por un lado, se ha detectado que Endesa dejó de pagar 860.000 euros de una tasa que grava el cableado del espacio público. Al mismo tiempo, se ha constatado otra deuda de 1,8 MEUR relacionada con unos ingresos extras que la compañía eléctrica no habría declarado. A estas dos cifras, el Ayuntamiento suma una multa de 300.000 euros como penalización por las deudas anteriores. Fuentes de Endesa han admitido a la ACN que existía un impago de 860.000 euros pero discrepan de los 1,8 MEUR. Aseguran que corresponden a un dinero que la empresa no considera ingresos propios porque los remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de manera que sólo actúa como "intermediario".
Eloi Badia ha explicado este viernes que la auditoría forma parte de un análisis exhaustivo de todas las empresas que proporcionan y comercializan servicios energéticos en la ciudad. El primer paso se ha centrado en el suministro de luz, donde se ha detectado un impago de 860.000 euros correspondientes a la tasa que Endesa debe pagar por el cableado que tiene instalado en el espacio público. La compañía ha admitido un "error" propio, provocado por la instalación eléctrica que hay en calles fronterizas. El dinero que correspondía abonar a Barcelona se ha estado pagando a otros municipios limítrofes, explican fuentes de la empresa. El segundo impago que ha detectado la auditoría señala una deuda de 1,8 MEUR relacionada con la facturación de Endesa en la ciudad. Según la ley, las suministradoras deben pagar a los consistorios el 1,5% del total de sus ingresos. Revisando la facturación, el Ayuntamiento asegura ahora que Endesa ha pagado por menos dinero de los que realmente había facturado. El concejal de Energía ha explicado que la auditoría se ha basado en cuadrar la declaración de ingresos de la distribuidora, con las declaraciones que hacen las comercializadoras –que son quienes cobran a los ciudadanos- y con el IVA declarado. "Es muy fácil ver si cuadran los números", ha afirmado. Endesa, sin embargo, discrepa de estos 1,8 MEUR reclamados porque asegura que la diferencia en la facturación corresponde a un dinero que la firma no ingresa realmente, sino que deriva a la CNMV. La compañía ha pagado la deuda pero ha recurrido los hechos al Tribunal Económico Administrativo de Barcelona. Badia ha apuntado que la discrepancia entre el Ayuntamiento y Endesa radica en que este dinero está relacionado con un peaje incluido en el recibo de la luz. "De momento la legislación no discrimina [entre conceptos] y creemos que hay que acogerse fielmente a la ley y contabilizar el 1,5% de todos los ingresos percibidos", ha afirmado el concejal. Para evitar divergencias entre el punto de vista del Ayuntamiento y el de la operadora, Eloi Badia ha instado al estado español a especificar cuáles son los ingresos reales que tienen cada una de las compañías que operan en los municipios. "Existe el riesgo de que a nivel global las desviaciones sean muy importantes", ha añadido, recordando que la auditoría de Barcelona continuará en los próximos meses analizando las cuentas de las distribuidoras de luz, pero también los de las empresas de agua, gas y telefonía.