La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la primera compra de vivienda protegida sobre plano, de acuerdo con la norma urbanística que obliga a las nuevas promociones a destinar el 30% de los pisos a VPO. Según ha explicado el gobierno municipal en un comunicado, se trata de ocho pisos de entre 71 y 89 metros cuadrados, con ocho plazas de aparcamiento y un trastero, y estarán disponibles a partir de 2024. El edificio donde se ubican los ocho pisos protegidos, por los que el Ayuntamiento pagará unos 2,1 MEUR, está situado en la calle Puerto Príncipe en el Distrito de Sant Andreu, en el barrio del Congrés i els Indians. Actualmente, el bloque se encuentra en proceso de gran rehabilitación.
Se trata de pisos ubicados en un barrio donde no hay vivienda pública ni solares disponibles y, según el Ayuntamiento, esta compra permite diseminar la vivienda pública en zonas "especialmente necesitadas". Al mismo tiempo, el gobierno municipal explica que el precio por metro cuadrado -2.549 euros por metro cuadrado útil- viene marcado por ley y es una vía más asequible que la compra a precios de mercado.
En total, desde 2015 el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado 1.361 pisos diseminados por toda la ciudad y ha destinado 152,6 millones de euros, de los cuales 296 son protegidos, mientras que la Generalitat ha adquirido 438 en total hasta finales de 2021. Según defiende el Ayuntamiento de Barcelona, la compra sobre plano beneficia también a los promotores porque obtienen liquidez y al mismo tiempo amplía la oferta de vivienda pública en la ciudad.
Hasta ahora, el parque público y asequible de la ciudad supera las 11.500 viviendas y es la ciudad del Estado con más VPO por habitante, seguida de Bilbao.
17 promociones que incumplen la normativa
Después de dos años de exenciones y la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona ha detectado que la nueva normativa que obliga a los promotores a reservar el 30% a vivienda social se incumple en 17 promociones actualmente en construcción en los distritos del Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. En estos casos, está previsto que se les aplique sanciones de acuerdo con la Ley catalana por el derecho a la vivienda.