El Ayuntamiento de Badalona ha pedido a la Generalitat de Catalunya que revise la licencia de gestión forestal que se otorgó a la propiedad de la finca Can Mas. Esta exigencia llega a causa de las irregularidades detectadas por parte del Departamento de Medio Ambiente municipal en la finca, donde el propietario ha desarrollado varias acciones que no corresponden a la licencia de la que disponía. Concretamente, se ha comprobado que se han talado árboles fuera del ámbito de actuación permitido y se han hecho obras de ampliación y consolidación de la valla perimetral de la finca que no forman parte de los trabajos incluidos.
La voluntad del Ayuntamiento es que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad compruebe y revise el plan de gestión forestal y justifique por qué se aprobó, ya que se han talado árboles en un espacio protegido. En este sentido, se recuerda que el espacio afectado está incluido en la Red Natura 2000 y que una tala de masa forestal de estas dimensiones puede afectar al espacio protegido.
El Ayuntamiento de Badalona pide también que se documente si las acciones que se han llevado a cabo en la finca (volumen de árboles talados, eliminación de sotobosque, cambio de uso forestal a pasto, movimientos de tierras, gestión de la madera y residuos forestales, etc.) están en consonancia con la normativa reguladora y planes de protección del medio natural y la biodiversidad de este espacio.
La petición del Ayuntamiento de Badalona a la Generalitat llega después de que el consistorio haya recuperado el uso público del camino de Can Mas. El pasado mes de diciembre el propietario cerró el paso del camino de la finca colocando unas vallas basándose en la peligrosidad de las tareas de tala de árboles. Ante esta situación, el Ayuntamiento siguió el proceso legal pertinente y abrió un expediente a la propiedad de la finca que le obligaba a restituir la situación original del camino y que preveía posibles sanciones si no se cumplía. Paralelamente se empezó a trabajar para incoar otro expediente para recuperar el dominio público de la vía, que es lo que finalmente se aprobó en el último pleno municipal.
Esta decisión del pleno municipal se comunicó a la propiedad de la finca el pasado jueves 6 de mayo, que desde aquel día tiene cinco días naturales para cumplir las condiciones del expediente. Si pasados estos cinco días no abre el camino, el Ayuntamiento procederá a incoar un expediente para hacerlo de forma subsidiaria.
