La Diputación de Barcelona ha aprobado recientemente el Programa específico de videoprotección, una iniciativa dirigida a reforzar la capacidad de los 134 municipios que cuentan con servicio de policía local para planificar e implementar sistemas audiovisuales destinados a la vigilancia y gestión del espacio público. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Barcelona no forma parte de este programa, dado su régimen legal especial.
Objetivos y ámbito de actuación
Este programa responde a las necesidades derivadas del crecimiento en el uso de los espacios públicos, así como al incremento tanto de la movilidad ciudadana como del tráfico rodado. La instalación de los dispositivos financiados permitirá mejorar aspectos clave como la seguridad vial, la protección de equipamientos municipales y zonas públicas, así como facilitará la prevención y análisis de incidencias, a la vez que dará apoyo en la coordinación de los cuerpos policiales durante eventos.
Dos líneas principales de apoyo económico
La ayuda se estructura en dos ejes: un primero orientado a cubrir los costes asociados a los estudios técnicos de ingeniería y al alquiler de los equipos; y un segundo que contempla el suministro, instalación y las obras civiles previas necesarias para establecer los puntos fijos o móviles de captación de imágenes.
Una atención especial se dedica a los sistemas destinados al control del tráfico urbano. Estas cámaras permiten obtener datos relevantes para una mejor gestión vial, detectar incidencias sobre la red vial y agilizar las respuestas de los servicios municipales. La instalación requiere autorización expresa mediante decreto municipal firmado por la alcaldía, así como notificación previa a la Dirección General de Administración de Seguridad (Generalitat).
Además, las ayudas también cubren cámaras dirigidas a incrementar la seguridad ciudadana o bien dispositivos móviles utilizados exclusivamente durante eventos puntuales. Las primeras necesitan la aprobación formal por parte de la Dirección General de Administración de Seguridad tras el dictamen previo emitido por la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia, con una vigencia máxima anual prorrogable. En cambio, las cámaras móviles son autorizadas solo por el período estrictamente necesario relacionado con cada evento concreto.
Presupuesto y distribución de los recursos
El importe destinado es de 2 millones de euros, integrados dentro del Plan Red de Gobiernos Locales 2024-2027. Cada ayuntamiento recibirá una asignación mínima fija de 4.000 euros —que representa el 26,8% del total— mientras que el saldo restante se asignará según criterios demográficos (80%), superficie urbana catastral (10%) y número de entidades singulares (10%).
Los consistorios podrán aceptar parcialmente o íntegramente esta cuantía hasta el 30 de septiembre de 2026, momento en el que también podrán solicitar redistribuirla entre las dos líneas subvencionables. El pago será anticipado por el 100% del fondo concedido con el objetivo principal de favorecer la autonomía financiera local durante todo el proceso ejecutivo previsto entre enero de 2026 y diciembre de 2027.
Criterios normativos y recomendaciones técnicas
Toda implantación deberá respetar estrictamente la normativa vigente sobre protección de datos personales garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los ayuntamientos serán responsables tanto de obtener las autorizaciones correspondientes como de gestionar todas las comunicaciones oficiales vinculadas; estos requisitos deberán acreditarse cuando se presente la justificativa económica final antes del cierre administrativo previsto entre enero y septiembre de 2028.
Además, desde Diputación se recomienda que los dispositivos sean compatibles con los estándares impulsados desde la Generalitat —especialmente aquellos encaminados a integrar sistemas automáticos de lectura matricial LECTIO— lo que puede facilitar el intercambio informativo entre distintas fuerzas policiales; esto optimiza recursos públicos disponibles mejorando así una respuesta coordinada territorialmente.
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