La Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026. El pleno, celebrado en el paraninfo de la Escola Industrial, ha validado unas cuentas que vuelven a situar las políticas sociales y las infraestructuras locales como principales destinatarios de los recursos. Según la presidenta de la corporación, Lluïsa Moret, el nuevo presupuesto “responde a las demandas del conjunto de los 311 municipios de la demarcación y refuerza la vocación municipalista de la institución”.
El presupuesto asciende a 1.410,97 millones de euros, un incremento del 7,82% respecto a 2025, y se convierte en el cuarto más voluminoso del sector público catalán, después de los de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB. De esta cantidad, el 82,45% se destinará directamente a dar apoyo a los gobiernos locales.
Una parte sustancial de los ingresos de la Diputación —el 75%— continúa dependiendo de la participación en los tributos del Estado, lo que mantiene a la institución pendiente de las incertidumbres asociadas a los Presupuestos Generales.
Prudencia financiera y más recursos sociales
La diputada de Servicios Generales y Transición Digital, Filo Cañete, ha remarcado que las cuentas se han elaborado con “prudencia y responsabilidad”, alineadas con el Plan económico y financiero vigente. Los gastos de personal representan 315,19 millones de euros (un 22,3% del total), incluyendo un incremento de plazas y una previsión de aumento retributivo condicionado a un futuro acuerdo estatal.
A pesar del contexto de incertidumbre, Cañete ha defendido un presupuesto “ambiciosamente expansivo en gasto”, especialmente en el ámbito social, que es el que experimenta un crecimiento más elevado entre 2025 y 2026: cerca de un 9%, hasta alcanzar los 141 millones.
La distribución de estas partidas incluye:
- 25 M€ para el servicio de teleasistencia.
- 26,5 M€ para reforzar los servicios sociales municipales.
- 24,66 M€ para programas de mejora educativa.
- 13,14 M€ en políticas feministas.
Además, se duplica la aportación al Consorci de la Mina, hasta 2,72 millones, para acelerar el proceso de realojamiento del vecindario.
Infraestructuras, emergencia climática y nuevas inversiones
El capítulo de inversiones mantiene un peso relevante en el presupuesto. Entre las principales actuaciones destacan:
- 44 M€ para la red local de carreteras y caminos.
- 22 M€ para la rehabilitación de edificios de la propia Diputación (obras previstas hasta 2030).
- 28 M€ destinados a planes locales de ocupación y mejora de los polígonos industriales (15 y 13 millones respectivamente).
En cuanto a la crisis climática, las cuentas reservan:
- 18,36 M€ para la prevención y gestión de incendios (2 millones más que en 2025).
- 6,5 M€ para fondos de emergencia ante fenómenos extremos.
Por primera vez, se incorpora también 1 M€ para la rehabilitación y actualización de equipamientos culturales municipales.
El presupuesto ha sido avalado con 50 votos favorables y uno en contra. Todos los grupos le han dado apoyo, excepto Vox.
La vivienda, el punto más discutible
La partida de vivienda vuelve a ser uno de los elementos más polémicos, especialmente en un contexto en el que el acceso a un alquiler asequible es una preocupación creciente. Para 2026, la Diputación prevé:
- 2 M€ para la compra de viviendas por tanteo y retracto (500.000 € más que en 2025).
- 2,04 M€ para la adecuación de pisos.
- 2,23 M€ para ayudar a los ayuntamientos en la redacción del nuevo Plan de Barrios.
Son cantidades que restan lejos de otros grandes capítulos del presupuesto. Aun así, Cañete ha subrayado que la Diputación “no tiene competencias directas en vivienda”, pero que continuará explorando vías para reforzar el acompañamiento a los municipios.