Los desalojos pendientes de ejecutar en los bloques de la rambla de la Mina este verano han quedado temporalmente parados por orden judicial. Son cinco casos que debían ejecutarse entre el 29 de junio y el 13 de julio.
Según ha hecho público el Sindicato de Vivienda, los juzgados de Badalona lo han parado a petición del Consorci de la Mina. El ente lo ha solicitado porque los Mossos d'Esquadra han pedido agrupar los desahucios por escaleras para facilitar los operativos policiales y para tener más garantías a la hora de evitar una reocupación.
Así lo recoge uno de los escritos presentados a los juzgados, a los que ha tenido acceso la ACN. Las entidades de apoyo a los afectados ven el aplazamiento como fruto de la presión vecinal hecha en los desahucios anteriores.
Los desalojos parados este verano son del edificio situado en Ernest Lluch, 1. Son cinco casos de la sesentena de lanzamientos que comenzaron a mediados de junio y que hay previsto ejecutar hasta finales de año. Durante las primeras ejecuciones hubo una fuerte tensión en el barrio. Con esta suspensión temporal, no hay ningún desahucio previsto hasta septiembre, que es cuando ya había acordados los próximos lanzamientos. Por ahora estos de la otoño se mantienen.
En el escrito presentado a los juzgados por el Consorci de la Mina -propietario de los inmuebles-, el ente indica que los Mossos d'Esquadra les han pedido "la necesidad de reorganizar la ejecución de los lanzamientos de forma concentrada por escaleras enteras". El motivo, continúa, es "garantizar el orden público y, de manera muy especialmente relevante, evitar la reocupación inmediata de los inmuebles desalojados por terceros una vez practicados los lanzamientos de forma aislada o parcial".
El Consorci de la Mina indica al juez que la reorganización requiere una coordinación conjunta por parte de la policía y del señalamiento de las fechas, "para evitar la conflictividad asociada a los desalojos parciales". Por todo ello, pide posponer las órdenes de desahucio de este verano y que se fije una nueva fecha.
En un comunicado, el Sindicato de la Vivienda de la Verneda y el Besòs y la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña, lo interpretan como "un paso atrás" por parte del Consorcio de la Mina. "Es una clara muestra de que las administraciones han visto que no lo tendrán tan fácil como esperaban". Aseguran que "la presión vecinal incansable", las acciones hechas en el Ayuntamiento y las reocupaciones han forzado este movimiento del Consorcio. "El hecho de encontrarse una comunidad organizada ha obligado a la administración a un cambio de estrategia", resaltan.
Al mismo tiempo, reprochan al Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y a la Generalitat "no haber dado ninguna muestra de voluntad de diálogo ni acercamiento con las familias" durante los tres meses en los que estas piden ser escuchadas. Insisten en pedir una vía de diálogo y avisan de que, si no, no pararán de movilizarse.
Las entidades lamentan tener la convicción de que la suspensión "tiene la intención de orquestar un macro desahucio", advirtiendo que "cuando vuelvan los embates, volverá la resistencia".
