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La plaza 11 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Barcelona, en funciones de guardia, acordó el domingo la prisión provisional sin fianza para un hombre detenido el sábado por la Guardia Urbana tras un presunto intento de robar un teléfono móvil en un establecimiento comercial de la zona de plaza Catalunya, en el distrito del Eixample.
Según la información facilitada, el investigado acumulaba 82 antecedentes policiales, la mayoría vinculados a delitos contra el patrimonio. Este volumen de antecedentes ha sido relevante porque, a pesar de que el delito atribuido es menos grave, el cambio legal reciente ha permitido adoptar la medida cautelar.
Un caso analizado por la Sección Central de Instrucción de Detenidos
Los hechos tuvieron lugar el sábado 7 de noviembre, poco antes de las dos del mediodía, cuando agentes de la Guardia Urbana arrestaron al hombre por un presunto intento de hurto. Tras la detención, la Sección Central de Instrucción de Detenidos revisó los antecedentes policiales y judiciales de la persona investigada y trasladó el caso a los servicios jurídicos municipales para que valoraran la personación del Ayuntamiento como acusación particular.
Una vez practicadas las diligencias correspondientes y tras poner al hombre a disposición judicial, el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional sin fianza.
La cuarta prisión provisional por multirreincidencia con personación municipal
Esta es la cuarta ocasión en que se acuerda la prisión provisional en procedimientos por hurtos vinculados a la presunta multirreincidencia en los que el Ayuntamiento de Barcelona se ha personado como acusación particular. Según explicó el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, a la ACN, hasta ahora el consistorio se ha personado en siete procedimientos en los que los investigados acumulaban un total de 380 antecedentes policiales.
En el marco de estas actuaciones, los órganos judiciales también han dictado una sentencia firme de seis meses de prisión por un delito de hurto agravado por multirreincidencia y han adoptado otras medidas cautelares, según ha informado el Ayuntamiento.
Batlle defiende que se empieza a revertir la sensación de impunidad
Batlle ha valorado positivamente la decisión judicial y ha defendido que las herramientas previstas por la legislación vigente permiten actuar de manera efectiva contra la delincuencia reiterada. El teniente de alcalde considera que los cuatro casos en los que se ha acordado la prisión provisional marcan un punto de inflexión y ha subrayado la coordinación entre la Guardia Urbana, los servicios jurídicos municipales, la Fiscalía y los órganos judiciales.
En este sentido, ha afirmado que la sensación de impunidad asociada a los delitos de baja intensidad empieza a revertirse y ha defendido que la modificación legal, junto con la posibilidad de que el Ayuntamiento se persone en estos procedimientos, permitirán perseguir más estas conductas y hacer un seguimiento más estricto.
Batlle también ha querido enviar un mensaje a los autores de estos delitos: "Quien la hace la paga". Según ha asegurado, la personación del Ayuntamiento como acusación particular es un instrumento más para combatir la multirreincidencia y un "aviso a los delincuentes".
Personaciones municipales analizadas caso por caso
El proyecto de personación impulsado por el Ayuntamiento se basa en la coordinación entre la Guardia Urbana y los servicios jurídicos municipales para identificar los procedimientos en los que se considera oportuno intervenir como acusación particular. Para tomar esta decisión, el consistorio analiza los antecedentes policiales y judiciales de cada investigado, la reiteración de los hechos y las circunstancias concretas de cada caso.
Batlle ha defendido que este trabajo refuerza la respuesta institucional ante conductas delictivas reiteradas que afectan a la convivencia, el comercio y la percepción de seguridad en los barrios. También ha remarcado que el consistorio ha establecido unos mecanismos de trabajo que espera que se consoliden.
Al mismo tiempo, ha insistido en que el Ayuntamiento respeta la independencia judicial y que las decisiones sobre las medidas cautelares y las eventuales condenas corresponden exclusivamente a los juzgados y tribunales. Con todo, ha asegurado que el consistorio continuará utilizando los instrumentos legales disponibles para proteger a la ciudadanía y dar apoyo a las víctimas de los delitos.
