Un matrimonio de 60 años, en situación de vulnerabilidad, tiene programado el desahucio de su vivienda de renta antigua en el barrio de Gràcia, en Barcelona, el mismo día de la huelga general. Según han detallado fuentes municipales, se trata de unos inquilinos que no disponen de contrato de alquiler porque quien figuraba era un tío difunto, y residían allí desde hacía casi 20 años.
La propiedad rechaza la subrogación y la mediación del SIPHO
La voluntad de la pareja era subrogar el contrato, pero las mismas fuentes han indicado que la propiedad no lo ha aceptado. Tampoco ha querido negociar con el Servicio de Intervención y Mediación en situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) para que la familia continuara viviendo en la calle Fraternidad, 24.
Desde la administración local han señalado que la propiedad ha rechazado la subrogación, ya que "no se contemplan las condiciones previstas normativamente, al ser un tío el antiguo titular". Por otro lado, las mismas fuentes han explicado que la justicia ha argumentado la negativa del aplazamiento del lanzamiento, de acuerdo con el nuevo decreto de vivienda, aprobado a principios de octubre, porque "este caso no aplica".
Uno de los miembros tiene una discapacidad del 65%
El matrimonio, uno de cuyos miembros tiene una discapacidad del 65%, está vinculado al SIPHO y a la Oficina de Vivienda de Gràcia. Asimismo, se encuentra en proceso para inscribirse en la Mesa de Emergencia y está inscrito en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Barcelona (RSHPOB).
Fuentes del consistorio han informado que no se ha activado el alojamiento temporal de urgencia porque cuenta con "apoyo de la red familiar".
Segundo desahucio familiar este año
El Sindicato de Vivienda de Gràcia ha explicado que este desalojo previsto, si llega a ejecutarse, será el segundo que sufre la familia este año. El pasado mes de junio, la hija del matrimonio fue desahuciada de un piso del mismo bloque.
El colectivo ha criticado que la justicia no haya aplicado el decreto ley de vivienda y ha cargado contra la titularidad del inmueble, la familia Majó Hostench, por negarse a renovar el contrato y "ni aceptar ningún tipo de negociación". Según ha relatado el sindicato, la relación de los inquilinos con el anterior propietario estaba "basada en la confianza" y con el cambio de manos de la finca esta situación no ha continuado.
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