Una familia con un menor a cargo ha sido desahuciada este viernes de un piso de la calle Marina de Barcelona, después de más de dos décadas viviendo en la finca. Según ha denunciado el Sindicat de Llogateres, se trataba de la única familia que quedaba en el edificio, que estaría destinado al turismo.
El lanzamiento se ha ejecutado en el número 124 de la calle Marina después de que el pasado miércoles el inquilino, en Jordi, consiguiera aplazarlo. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha asegurado que el objetivo de la propiedad es destinar el inmueble a alquiler de temporada o piso turístico.
Hacia las nueve de la mañana, una decena de furgonetas de la Brimo de los Mossos d’Esquadra han llegado hasta el edificio para desalojar a la cincuentena de personas que se habían concentrado tanto en el exterior como en el interior de la finca para intentar parar el desahucio.
Durante la intervención policial, los concentrados han gritado consignas como “El Jordi se queda en su casa”, “Este desahucio también lo pararemos” o “Fuera especuladores de nuestros barrios”.
Finalmente, una hora más tarde, en Jordi y su familia han abandonado el piso acompañados por los Mossos. Desde el Sindicat de Llogateres han denunciado que no había ninguna alternativa habitacional prevista para la familia y han criticado que el sistema, según Arcarazo, esté “haciendo el juego a un grupo inversor”.
La portavoz sindical ha señalado directamente la propiedad del edificio, Urban Power, y ha afirmado que este grupo cuenta con 29 viviendas en Barcelona. También ha interpelado a las administraciones y ha reclamado un sistema que proteja a la ciudadanía y garantice el derecho a vivir en su casa.
Críticas a la caída de la moratoria antidesahucios
El Sindicat de Llogateres ha enmarcado este caso en el contexto posterior a la caída, en el Congreso de los Diputados, del decreto de moratoria antidesahucios. Arcarazo ha advertido que esta situación puede abrir la puerta a una “oleada” de lanzamientos de familias vulnerables, después de años con miles de casos parados a raíz de las medidas aprobadas durante la pandemia.
La activista también ha defendido la necesidad de regular los alquileres de temporada y de habitaciones, y ha recordado que el movimiento por la vivienda ya presentó hace dos años una propuesta legislativa en este sentido. Según Arcarazo, el caso de Jordi evidencia la presión que sufren muchos vecinos ante propietarios que prefieren destinar los pisos a usos turísticos o temporales.
Denuncian falta de mediación
El Sindicato de Inquilinos también ha denunciado que en este caso no habría habido mediación previa, un paso que, según Arcarazo, debería ser obligatorio antes de ejecutar el desahucio de una familia vulnerable. La portavoz ha sostenido que la ley de vivienda española prevé este procedimiento antes de llegar al lanzamiento.
Jordi vivía en esta finca desde el año 2004. El contrato se le acabó en 2014 y la anterior propiedad, Privat Cunit SL, lo demandó. Después de un primer archivo por motivos burocráticos, la compañía presentó una segunda denuncia. Más tarde, Urban Power compró el edificio y el procedimiento se reactivó.
El inquilino había explicado que intentó negociar un nuevo contrato, pero sin éxito. También relató que durante la pandemia la familia sufrió problemas económicos, después de que su mujer se quedara sin trabajo, hecho que acabó derivando en el impago de la mensualidad.