El juzgado de instrucción número 2 de Mataró investiga a la dirección de la antigua residencia Ca n'Amell de Premià de Mar (Maresme) por un caso de homicidio por imprudencia profesional después de que durante los primeros meses de la pandemia murieran 87 de los 200 residentes.
La investigación se abre a partir de una querella de la fiscal jefe de Mataró, que acusa a los responsables del centro de haber provocado un "sufrimiento gratuito" a los usuarios de la residencia, de haberlos "desatendido" y de no haber tomado ninguna medida para evitar la situación que se desencadenó en el centro durante los meses de marzo y abril de 2020. La residencia, de hecho, fue intervenida por la Generalitat el 17 de abril de ese año ante una serie de irregularidades en la gestión del centro.
La intervención de la Generalitat llegó después de una ola de mortandad que inicialmente fijaba en poco más de una veintena el número de víctimas. Fiscalía, sin embargo, eleva la cifra hasta 87 personas muertas vinculadas a la residencia. 62 murieron en el mismo centro, 24 en centros sanitarios donde se les habría trasladado y una última en su casa.
En aquel momento, además, la Generalitat apuntó a una serie de irregularidades y acusaba a la dirección de Ca n'Amell de no cumplir con la normativa covid, de no garantizar la atención continuada a los pacientes, de errores en la administración de medicación y de tratar a los residentes de manera irrespetuosa.
Según relata la Fiscalía, estos déficits en la gestión del centro ya se daban antes de marzo de 2020 y se vieron "incrementados exponencialmente" a raíz de la pandemia. "El número de personas contratadas en relación con el número de residentes era muy escaso, lo que provocaba que el trato y los cuidados a los usuarios fueran deficientes", resume la querella.
La querella relata algunos casos, como un hombre que, a pesar de necesitar oxígeno, se le encontró en un "evidente estado de abandono", con deposiciones en la cama y sin el oxígeno requerido. De otra mujer explican que perdió quince kilos porque no recibía "la alimentación necesaria". A otra mujer se le negaron los tratamientos paliativos "privándola de una muerte sin sufrimiento".
Con todo, fiscalía acusa al director de la residencia, a la directora médica, así como a cualquier otra persona contra la que puedan aparecer indicios de colaboración en los hechos durante la instrucción, de los delitos de homicidio por imprudencia profesional y de lesiones por imprudencia profesional y trato denigrante.
