La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña quieren resaltar que, después de dos años desde que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó la modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, esta normativa no ha supuesto ninguna mejora en el parque público de vivienda de la ciudad.
Desde que se aprobó la modificación del PGM, no se han hecho públicos datos de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30%. Unos datos que entidades del sector hemos pedido en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Barcelona, sin conseguir ninguna respuesta. Del mismo modo, estas entidades también quieren denunciar que en estos dos años de vigencia de la normativa no se ha reunido nunca la Comisión de seguimiento y evaluación de la implementación de la MPGM para la obtención de vivienda de protección publicar en el suelo urbano consolidado e impulso de nuevas medidas para ampliar la vivienda asequible de alquiler en Barcelona.
Las entidades firmantes reiteran las connotaciones negativas que esta regulación está teniendo sobre el mercado de la vivienda en Barcelona, y quiere recordar algunos de los efectos adversos que la modificación del PGM está produciendo: 1. Consecuencias económicas negativas: recordemos que el gobierno municipal justificó la nueva normativa en una situación de emergencia habitacional en la ciudad, en un contexto de incremento de precios de venta y alquiler, pero sin tener en cuenta que en Barcelona no se dispone de suelo (la memoria del documento de planeamiento expone que hay en suelo urbano consolidado 1.073 solares pendientes de edificación, de los cuales 187 son propiedad municipal). También olvidó la ausencia de políticas de vivienda social en todo el Estado, y la propia inactividad municipal en la materia. La misma memoria de la modificación del PGM indica que el Ayuntamiento de Barcelona es titular de 187 solares con capacidad para cerca de 7.000 viviendas, mayoritariamente de VPO, procedentes de cesiones de aprovechamiento de la ejecución en suelos urbanizables y urbanos no consolidados, como es el caso de la Marina del Prat Vermell y de las Casernes de Sant Andreu, que suman suelo para VPO por 60.000 m2 en manos del Ayuntamiento desde 2011 y aún pendientes de edificar.
Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias tiene por origen un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente, y la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. También quieren recordar que según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas: movilizar estas reservas es imprescindible para incrementar la oferta de vivienda asequible.
Capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos es lo que se necesita para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, no la continua reforma normativa que crea inseguridad jurídica e imposibilita la planificación y no da ningún resultado positivo.
