Ante el aumento de la demanda de plazas de guarderías de I1 e I2 registrada este curso, el Ayuntamiento de Cornellà ha pedido a la Generalitat que estudie la idoneidad de aulas y espacios disponibles de las escuelas de infantil y primaria de la ciudad, para destinarlas como plazas de guarderías para el próximo curso, y de este modo garantizar la universalidad real de la educación infantil, tal y como se les atribuye a sus competencias. Así lo ha decidido el Pleno municipal celebrado este miércoles, 29 de noviembre.
El consistorio traslada esta propuesta a la Generalitat porque considera que, ahora mismo, es la vía más rápida y efectiva para hacer frente al aumento de la demanda y evitar que ningún niño se quede sin plaza o en lista de espera el próximo curso. Para el gobierno municipal, la universalidad es clave para garantizar el acceso a la educación en cualquiera de sus etapas educativas y asegurar la equidad y fortalecer la cohesión territorial.
Cornellà tiene 8 guarderías, una en cada barrio
“El objetivo de las guarderías, aparte de proporcionar una educación rica y estimulante en una de las etapas más importantes del aprendizaje y de la vida de los niños, es la de poner un servicio a disposición de las familias trabajadoras de la ciudad, que les permita conciliar su vida familiar con la laboral, sobre todo en momentos tan inciertos económicamente como los que estamos viviendo hoy en día”, ha reivindicado el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
Precisamente, el Ayuntamiento ha destinado muchos esfuerzos para ofrecer el mayor número posible de plazas en esta primera etapa educativa, a pesar de no ser obligatoria, tejiendo una amplia red de guarderías en el municipio, concretamente ocho, una en cada barrio; mientras que la ciudad no cuenta con ninguna de titularidad de la Generalitat. Además, la capacidad de crecimiento de la red municipal es logísticamente limitada, dificultando enormemente la posibilidad de garantizar la universalidad de esta etapa educativa desde la corporación local.
La situación se puso de manifiesto en la matriculación de las guarderías para el curso 2023-2024, cuando muchas familias de Cornellà no pudieron acceder a una plaza. La Generalitat aprobó de manera unilateral la aplicación de la gratuidad del I2 sin tener garantizada la universalidad en el acceso, generando de este modo una demanda extra que no se resolvió con el aumento de la oferta de plazas.
Ante las circunstancias, el Ayuntamiento de Cornellà tuvo que gestionar con celeridad el incremento de inscripciones para conseguir ampliar al máximo posible el número de plazas, mediante la adaptación de espacios que se utilizaban para finalidades educativas complementarias, pasando de una oferta de 612 a 641.
Concretamente, se crearon veinte plazas en la E.B. Mag Maginet para niños de 2 a 3 años, y nueve plazas en la E.B. Linda Vista, para niños de 1 a 2 años. A pesar de ello, todavía hay 137 familias en lista de espera, hoy por hoy.
Aunque el consistorio comparte la necesidad de la gratuidad de la educación infantil, considera imprescindible que la Generalitat haga una planificación adecuada y sobre todo proporcione la financiación suficiente para avanzar hacia la universalidad y gratuidad del servicio. El acuerdo también pide la inversión en módulos y la contratación de personal para la creación de plazas de guarderías. Y, en caso de incumplimiento, remarca que se estudiarán las acciones judiciales pertinentes contra el departamento de Educación de la Generalitat por su inactividad.
Falta de inversión persistente
El Ayuntamiento considera que la ausencia de plazas de titularidad de la Generalitat de Catalunya es un ejemplo de la falta de inversión en las guarderías por parte de la administración competente en la ciudad, una política que ya se ha dado anteriormente.
Entre los años 2012 y 2015 la Generalitat de Catalunya ya disminuyó las aportaciones económicas a las guarderías, con la consiguiente pérdida de ingresos que el consistorio asumió con el objetivo de no repercutir el coste a las familias. En este caso, la justicia dio la razón al Ayuntamiento en el año 2017, obligando al Gobierno de Catalunya a indemnizarlo con 2.528.834,48 euros.
