El juzgado de lo contencioso administrativo 9 de Barcelona ha ratificado la multa de 95.600 euros que el Ayuntamiento de Mataró impuso al fondo de activos bancarios Arqura por no mantener correctamente un edificio de su propiedad en la calle Jaume I.
En 2020, cuando el edificio ya era propiedad del fondo, el Ayuntamiento declaró su inhabitabilidad e impulsó su desalojo por riesgo inminente. Una nueva inspección constató la falta de conservación y mantenimiento y el riesgo que las deficiencias suponían para las personas. A raíz de estos hechos el consistorio sancionó la propiedad. La resolución judicial desestima el recurso de la propiedad, ratifica la sanción impuesta por el Ayuntamiento y condena a Arqura a asumir las costas judiciales.
El Ayuntamiento ya había detectado deficiencias en el edificio en 2015, y las había comunicado a la SAREB, anterior propietaria, que se hizo cargo de las reparaciones de algunos desperfectos, pero en los años siguientes se agravaron por la ocupación de la finca.
La sentencia no ha sido recurrida y en estos momentos es firme.
