Una abogada ha sido condenada por deslealtad profesional por haber engañado a unos clientes para demorar el proceso judicial que les llevaba y seguir cobrando. Los afectados forman parte de la Asociación Avis del barrio del Bon Pastor y encargaron a la letrada que demandara al Ayuntamiento de Barcelona por un plan urbanístico de la zona. La demanda no prosperó, pero la letrada no informó a los clientes y les animó a seguir presentando denuncias y querellas en un proceso que se demoró más de doce años. La jueza la ha condenado a 12 meses de multa a razón de 10 euros diarios y a un año de inhabilitación para el ejercicio profesional. También la condena a indemnizar a los clientes con 10.000 euros.
El gabinete Vosseler abogados presentó una denuncia contra la letrada después de que sus antiguos clientes prescindieran de sus servicios y acudieran al nuevo equipo de letrados.
Todo esto arranca a mediados de 2006 cuando la Asociación Avis del barrio del Bon Pastor encarga a la abogada un servicio de asesoría jurídica en relación al Plan de remodelación de las Casas Baratas del Bon Pastor, y que interponga diferentes demandas y recursos relacionados con este plan. Esto, afirma la sentencia en el apartado de hechos probados, inició "un largo proceso administrativo y judicial".
En la vía judicial la acusada presentó recurso ordinario contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona por el acuerdo de la comisión de gobierno de 5 de julio de 2006 por el cual se aprobaba definitivamente el proyecto de reparcelación de las casas baratas del Bon Pastor.
El recurso fue desestimado el 26 de mayo de 2008 en una sentencia también recurrida por la letrada. Este segundo recurso fue igualmente tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 20 de febrero de 2009. La sentencia del TSJC también fue recurrida con recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) el 26 de marzo de 2009.
Este último recurso no fue admitido a trámite el 7 de septiembre de 2009, y según recoge la sentencia como hecho probado, la letrada no informó a sus clientes en ningún momento. Al contrario, les hizo creer que seguía pendiente de resolver, y les explicó que una vez resuelto, existía la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El recurso ante el TEDH debía interponerse en un plazo no superior a los seis meses después de la no admisión a trámite del recurso al TC, pero la letrada no lo hizo. Posteriormente, ante la insistencia de sus clientes, lo presentó, fuera de plazo, concretamente el 1 de junio de 2015. En este recurso afirmaba que se había interpuesto recurso al TC y que éste no se había resuelto, hecho "totalmente incierto" dado que "ella sabía" que no se había admitido a trámite.
"Como consecuencia de esta manifestación", el TEDH dictó resolución el 1 de octubre de 2015 en la que no admitía a trámite la demanda por no haber agotado las vías de recurso internas.
Posteriormente, la letrada, que en ningún momento informó de que hubiera recaído la resolución desestimatoria de sus pretensiones, recomendó a la asociación que interpusiera una querella por prevaricación contra diferentes miembros del Ayuntamiento y del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona.
La querella, presentada el 27 de junio de 2017, fue desestimada por el juzgado 26 de Barcelona el 9 de enero de 2018, en una resolución que la letrada recurrió y que la Audiencia de Barcelona tumbó a su vez el 29 de marzo de 2018.
Según la sentencia, la acusada no comunicó a la asociación de vecinos esta circunstancia, y ante la petición de información que le hacían, el 1 de febrero de 2018 "les engañó informándoles de que todo iba según lo previsto y que ya estaban en la fase de que la jueza comenzara a investigar a fondo todo lo denunciado".
Finalmente, la letrada recomendó a los querellantes que interpusieran 37 demandas idénticas ante el contencioso administrativo para reclamar, a cada una, 30.000 euros. No consta acreditado que ninguna de estas demandas prosperara. En el caso de los querellantes, ellos mismos desistieron ante el consejo de los nuevos letrados, "después de conocer la realidad del estado de todos los procedimientos y para evitar la imposición de las costas judiciales".
Consta acreditado que en relación al encargo realizado para la interposición de demandas y recursos la asociación abonó 3.950 euros, y que para la interposición de la querella pagaron 4.300.