La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la plaza de Sant Miquel, junto a la plaza Sant Jaume, ha registrado este viernes largas colas de hasta un kilómetro de personas que intentan realizar trámites vinculados al proceso de regularización extraordinaria de migrantes. La hilera ha llegado a rodear la zona posterior del Ayuntamiento, dando varias vueltas por la calle dels Templers y la misma plaza Sant Jaume.
Según testimonios, las personas que hacen cola respetan las indicaciones de los agentes, a pesar de que se han producido momentos puntuales de tensión cuando alguien ha intentado colarse. Decenas de personas han pasado la noche en la calle con sacos de dormir para asegurarse ser atendidas. La mayoría espera poder completar cuanto antes mejor los trámites necesarios para acceder al proceso de regularización, y muchas de ellas llevan carpetas con documentación y bolsas con comida o agua para afrontar horas de espera.
Las colas coinciden con el hecho de que desde este viernes la OAC de la plaza de Sant Miquel permite solicitar el informe de vulnerabilidad sin cita previa. Esta medida ha provocado una situación similar a la vivida el miércoles en el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), el primer espacio municipal habilitado sin cita previa para tramitar el certificado de empadronamiento o el informe de vulnerabilidad. Aquel día, la avalancha de personas y algunas peleas obligaron al servicio a abrir con casi cuatro horas de retraso, y la Guàrdia Urbana tuvo que intervenir.
En el ámbito político, la situación ha generado reacciones durante el pleno municipal. Al inicio de la sesión, el presidente de Junts, Jordi Martí, ha expresado “preocupación” por las largas colas y ha calificado la situación de “indigna”, tanto para los ciudadanos como para los profesionales y funcionarios. El alcalde, Jaume Collboni, ha respondido que el tema se tratará en puntos del orden del día y ha continuado con la sesión.
Por su parte, BComú ha registrado un ruego para que el gobierno municipal “habilite un dispositivo especial de atención y acompañamiento” mientras dure el proceso. El PP ha presentado una proposición para instar al gobierno de España a retirar el Real decreto de regularización “por falta de los mecanismos de control necesarios”. Finalmente, Vox ha preguntado en el pleno qué estimación hace el gobierno municipal del número total de personas que podrían ser regularizadas en la ciudad de Barcelona mediante este proceso extraordinario.
