Cerca de mil abogados se han inscrito en el programa de fomento del catalán en la justicia gratuita. Se trata de un convenio entre el Departamento de Justicia y el Consejo de la Abogacía Catalana, que tiene como objetivo garantizar los derechos de los ciudadanos a ser atendidos en catalán. El programa, que se puso en marcha a principios de año, consiste en fomentar la presentación de los escritos en lengua catalana y solicitar al juzgado que la documentación también se notifique en catalán. Los profesionales que, en el ejercicio del servicio del turno de oficio, presentan determinados escritos en lengua catalana, como una demanda, un recurso o una contestación, reciben una compensación de 14 euros por actuación.
Las inscripciones se hacen a través del Servicio Lingüístico del Consejo de la Abogacía, que ofrece todos los recursos necesarios para que todo el que lo desee se pueda inscribir en el programa. En la página web se puede encontrar desde un traductor automático, hasta formularios jurídicos, diccionarios, manuales de estilo y de buenas prácticas lingüísticas, servicios de consultas lingüísticas o de corrección de textos, entre otras herramientas. Según datos del Departamento de Justicia, en 2019 solo un 8,5% de las sentencias dictadas en Cataluña fueron emitidas en catalán, respecto al 12,2% de hace seis años. Este descenso en los juzgados es cada vez más preocupante desde que en 2004 se alcanzó un máximo del 20% de sentencias en catalán. Para revertir esta tendencia se están llevando a cabo diversas iniciativas para el uso y promoción del catalán en la justicia incluidas en el Plan de trabajo suscrito por la Generalidad de Cataluña y el Consejo de la Abogacía, como la organización de jornadas de trabajo con todas las administraciones implicadas para poner en común las acciones a llevar a cabo, o el reconocimiento de los profesionales que incentivan el uso del catalán en los juzgados. En este sentido, la presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha destacado "el derecho de la ciudadanía a utilizar el catalán como lengua oficial, tal y como reconoce el artículo seis de nuestro Estatuto de Autonomía, teniendo los poderes públicos la obligación de establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos lingüísticos de las personas ante las administraciones públicas". Para Gay, "las ratios del uso del catalán en la justicia señalan la necesidad de continuar incidiendo enérgicamente en la protección y el impulso de la lengua, así como de llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad colectiva para mejorarlas".