Los grupos municipales de Junts, ERC y la CUP han manifestado su desacuerdo con el gobierno local de Barcelona por no llevar a cabo inspecciones ni aplicar sanciones a los comercios que no cumplen con la normativa lingüística vigente. Esta situación ha quedado reflejada en un informe oficial enviado por el consistorio al Síndic de Greuges de Catalunya, como respuesta a una denuncia presentada por un activista contra 76 establecimientos comerciales situados en diferentes puntos de la ciudad.
Acciones informativas pero sin inspecciones
Según el documento compartido públicamente a través de la red social X por el mismo activista, el Ayuntamiento remitió esta comunicación formal el 4 de agosto. Se detalla que la administración municipal opta por priorizar las actuaciones encaminadas a la sensibilización e información previas a cualquier tipo de actuación inspectora.
Asimismo, se reconoce explícitamente que los comercios denunciados "no han sido incorporados, de momento, a ninguna campaña específica de inspección", y tampoco se han llevado a cabo controles o procedimientos sancionadores.
El escrito también expone que "la Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC) se ha dirigido por escrito a los establecimientos denunciados para recordarles las obligaciones derivadas de la normativa lingüística vigente y los derechos lingüísticos de los consumidores". Además, el gobierno local destaca diversas iniciativas generales orientadas a reforzar el uso del catalán en el ámbito comercial barcelonés.
Reacciones políticas ante la falta de acción
En este contexto, desde ERC, Elisenda Alamany —candidata a la alcaldía— ha exigido explicaciones al gobierno encabezado por Jaume Collboni. Ha subrayado que "el comercio debe tener clara la normativa lingüística. Y tiene consecuencias saltársela".
Añade que si su partido gobierna después de los comicios municipales previstos el próximo mayo esta cuestión será una prioridad con una concejalía específica destinada a hacer cumplir la ley. Además, ERC presentará este miércoles un ruego formal pidiendo al gobierno municipal una rectificación sobre esta política.
Por otro lado, Jordi Martí Galbis —candidato por Junts— ha responsabilizado directamente al ejecutivo municipal por no proteger adecuadamente el catalán: "Si puedes proteger el catalán, pero decides no hacerlo, el problema no son los recursos; es el gobierno de Collboni. El catalán se defiende. Siempre, con todo y en todas partes".
Finalmente, desde CUP Barcelona han criticado abiertamente que a pesar de que el alcalde asegure defender el catalán, "mira hacia otro lado cuando toca garantizar los derechos de los barceloneses y barcelonesas".
Los anticapitalistas señalan también en un mensaje publicado en X que "admiten que no hay control ni seguimiento, por lo tanto, las obligaciones lingüísticas quedan en papel mojado. Si los ciudadanos denunciamos comercios por incumplimientos, ¿de qué sirve un gobierno que no inspecciona ni abre procedimientos sancionadores?"
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